Uruguay impulsa cambios históricos en migración y ciudadanía bajo respaldo de la CIDH
Por Redacción
Uruguay ha dado un paso
significativo en materia de migración, refugio y nacionalidad con la aprobación
de un nuevo mecanismo que facilitará el acceso a la residencia permanente para
miles de personas extranjeras y con la presentación de un proyecto de ley que
busca reconocer la nacionalidad uruguaya tanto a ciudadanos naturales como
legales. Las medidas han sido recibidas con satisfacción por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que las considera avances relevantes
en la protección de las personas en movilidad humana.
La decisión del gobierno uruguayo
llega en un contexto regional marcado por flujos migratorios crecientes,
desafíos en los sistemas de asilo y demandas de organizaciones de derechos
humanos para garantizar soluciones duraderas a quienes buscan reconstruir sus
vidas fuera de sus países de origen.
Una salida para quienes
permanecen en la incertidumbre
El Decreto 231, aprobado el 8 de
octubre de 2026, establece un mecanismo especial de acceso a la residencia
permanente por arraigo para determinadas personas extranjeras que ya residen en
Uruguay.
La medida está dirigida a quienes
ingresaron al país antes del 1 de enero de 2026 y se encuentran en una de dos
situaciones: haber solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado y
optar voluntariamente por renunciar a esa solicitud para acogerse al nuevo
mecanismo, o haber recibido una resolución firme que rechazó su petición de
asilo.
Además de cumplir con otros
requisitos legales, estas personas podrán acceder a una vía de regularización
migratoria que les permita abandonar situaciones de incertidumbre jurídica y
avanzar hacia una integración más estable en la sociedad uruguaya.
Para la CIDH, este tipo de
iniciativas responde a uno de los desafíos más importantes de la migración
contemporánea: evitar que las personas queden atrapadas en condiciones de
irregularidad que limitan su acceso al empleo, la vivienda, la salud y otros derechos
fundamentales.
El debate sobre quién es
nacional uruguayo
Paralelamente, el gobierno
remitió al Parlamento un proyecto de ley interpretativa de la Constitución
destinado a resolver una discusión jurídica que durante años ha generado
dificultades para miles de personas que adquirieron la ciudadanía legal uruguaya.
La iniciativa propone reconocer
como nacionales uruguayos tanto a los ciudadanos naturales como a los
ciudadanos legales, una distinción que históricamente ha dado lugar a
interpretaciones restrictivas sobre el alcance de ciertos derechos y sobre la
expedición de documentación.
Asimismo, el proyecto contempla que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a una carta de ciudadanía mediante sus representantes legales, ampliando las posibilidades de inclusión jurídica de los menores vinculados a estos procesos.
La discusión tiene relevancia
práctica porque el reconocimiento de la nacionalidad constituye un elemento
esencial para el ejercicio pleno de derechos civiles, políticos y sociales, así
como para el acceso a documentos de identidad y de viaje.
Un derecho humano fundamental
La CIDH recordó que la
nacionalidad es un derecho humano fundamental y de carácter inderogable. En
diversas resoluciones, el organismo ha insistido en que los Estados tienen la
obligación de prevenir situaciones de apatridia y garantizar que ninguna persona
quede desprotegida por vacíos o interpretaciones restrictivas de la legislación
nacional.
Según la Comisión, aunque cada
Estado conserva la facultad soberana de determinar quiénes son sus nacionales,
esta competencia debe ejercerse respetando los principios de igualdad y no
discriminación, así como las obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos.
Desde esta perspectiva, el
proyecto impulsado por Uruguay representa un intento por eliminar obstáculos
que afectan a quienes, pese a haber adquirido la ciudadanía legal, enfrentan
limitaciones derivadas de interpretaciones constitucionales controvertidas.
Compromisos internacionales y
protección efectiva
Las medidas también se inscriben
en compromisos internacionales asumidos por Uruguay en materia de refugio y
movilidad humana. Entre ellos figuran los compromisos adoptados en el marco del
foro mundial convocado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y los principios contenidos en la Declaración de Los Ángeles
sobre Migración y Protección.
No obstante, la CIDH advirtió que
el éxito del nuevo mecanismo dependerá de su implementación efectiva. El
organismo instó a las autoridades a garantizar que las personas que opten por
renunciar a una solicitud de refugio para acogerse a la residencia por arraigo
no vean comprometidas sus necesidades de protección internacional.
En particular, subrayó la
importancia de preservar derechos fundamentales como la protección contra la
devolución, principio que impide el retorno de una persona a un país donde su
vida, integridad o libertad puedan estar en riesgo.
Un modelo observado en la
región
La felicitación de la CIDH sitúa
a Uruguay como uno de los países que buscan construir soluciones más flexibles
frente a los retos migratorios actuales. Mientras otras naciones endurecen
controles o enfrentan saturación en sus sistemas de asilo, Montevideo apuesta
por mecanismos de regularización y por ampliar el reconocimiento de derechos a
poblaciones migrantes ya asentadas en su territorio.
El desafío ahora será transformar
las reformas legales en beneficios concretos para las personas afectadas. La
aprobación parlamentaria del proyecto de nacionalidad y la puesta en marcha
efectiva de la residencia por arraigo serán pruebas decisivas para determinar
si estas iniciativas logran traducirse en mayor inclusión, seguridad jurídica y
protección de derechos para miles de migrantes y refugiados que han encontrado
en Uruguay una nueva oportunidad para comenzar de nuevo.
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