Exilio y resiliencia: la historia de una madre venezolana en Costa Rica

La Esteliana/lastenia.accioninformativa@yahoo.es

En octubre de 2017, Anaís Rosales, una mujer venezolana tomó la decisión más difícil de su vida: abandonar su país.

 La persecución política y el asesinato de su hermano la obligaron a huir junto a su hijo de cinco años y su madre de 71. Costa Rica se convirtió en su destino, un lugar donde esperaba encontrar seguridad y nuevas oportunidades.

Su llegada fue posible gracias a un contacto laboral previo en Venezuela, donde trabajaba en atención al cliente para una empresa con vínculos en Costa Rica.

Un amigo nicaragüense la recibió en Rohrmoser, y más tarde se trasladó a Cartago, donde se estableció con la familia de su esposo.

Sin embargo, la estabilidad laboral pronto se desvaneció. Tras quedar embarazada, perdió la posibilidad de ser contratada formalmente y se vio obligada a trabajar en la informalidad, vendiendo comida en la calle y realizando oficios ocasionales.

La maternidad volvió a marcar su destino: cuando su bebé tenía apenas cinco meses, quedó nuevamente embarazada, lo que complicó aún más sus planes de reinserción laboral.

 En medio de estas dificultades, enfrentó una nueva tragedia: en 2022 su madre enfermó y falleció, dejando un vacío emocional y un reto adicional, sacar adelante a sus hijos pequeños sin apoyo familiar cercano.

Ante la imposibilidad de acceder a un empleo formal, decidió emprender por cuenta propia desde su domicilio y estar al cuido de sus pequeños hijos,  elabora galletas artesanales lo que le permite el ingreso .necesario para la manutención de su familia. 

Anais Rosales propietaria Dulce Migas

Reconoce que la discriminación laboral hacia madres en situación vulnerable es una realidad palpable en Costa Rica. “Sin duda es discriminación, pero también entiendo que ninguna empresa va a querer echarse ese problema encima”, afirma, consciente de que las obligaciones legales y beneficios asociados a la maternidad son vistos por muchos empleadores como un costo no rentable.

La historia de esta madre venezolana refleja la resiliencia de quienes, pese a la persecución, la pérdida y la discriminación, buscan salir adelante en un país nuevo. Su experiencia personal se conecta con la realidad de miles de migrantes que aportan a la economía costarricense, pero que aún enfrentan barreras estructurales.

El complejo panorama de la migración venezolana en Costa Rica

El perfil sociodemográfico de la migración venezolana destaca por su elevado potencial productivo: el 56% de esta población se ubica entre los 30 y 49 años, y casi la mitad posee estudios superiores o técnicos completos. Esta preparación se refleja en su dinamismo dentro de sectores clave de la economía costarricense, tales como el comercio, los servicios profesionales y técnicos, el apoyo empresarial, y la industria de alimentos y bebidas.

Los datos confirman una huella económica significativa: la comunidad venezolana aporta más de USD 40 millones anuales en recaudación fiscal al Estado costarricense. Asimismo, el espíritu emprendedor de este colectivo se evidencia en que los empleadores venezolanos han logrado dinamizar el mercado interno mediante la creación de más de 39,000 puestos de trabajo.

Con más de 40 millones de dólares anuales en impuestos y la generación de 39,000 empleos, la comunidad venezolana impulsa la economía costarricense, aunque más del 60% permanece en situación irregular o de informalidad.

Actualmente, 29,405 personas venezolanas residen en Costa Rica, lo que representa alrededor del 12% de la población migrante en el territorio nacional y menos del 1% del total de habitantes del país.

A pesar de contar con un perfil altamente cualificado y generar una contribución económica sustancial, la mayoría enfrenta profundas brechas de inserción laboral y trabas de regularización, una realidad que impacta con especial dureza a las mujeres con hijos pequeños.

A pesar de estos aportes, la estabilidad legal y laboral sigue siendo una asignatura pendiente. Del total de la población venezolana en el país, 11,000 personas han logrado regularizar su estatus migratorio, mientras que 18,405 se encuentran en situación irregular.

Esta condición incide directamente en las oportunidades de ingreso. Mientras que el ingreso promedio en el empleo formal alcanza los US$1,203 mensuales, quienes trabajan en el sector informal perciben un promedio de US$453 mensuales, lo que representa una brecha de casi tres veces. La falta de regularización limita el acceso a la seguridad social y confina a miles de trabajadores a empleos desprotegidos.

El camino hacia la integración plena tropieza con obstáculos estructurales y prejuicios en el ámbito empresarial. La condición migratoria irregular restringe la contratación formal, reforzada por una percepción empresarial que evalúa como poco rentable asumir los beneficios legales asociados a la contratación de personas migrantes.

Estas barreras se agudizan en el caso de las mujeres. La discriminación laboral afecta de forma directa a mujeres embarazadas o con hijos pequeños, quienes enfrentan los mayores obstáculos para ser contratadas.

 Las reticencias de los empleadores respecto a los costos legales de las licencias de maternidad y otros beneficios de ley restringen las opciones de desarrollo laboral para esta población, perpetuando su vulnerabilidad económica. Anais Rosales lo vivió en carne propia: “Sin duda es discriminación, pero también entiendo que ninguna empresa va a querer echarse ese problema encima”, afirma con resignación.

Hacia una integración con equidad

Frente a este panorama, diversas organizaciones en Costa Rica —como Fundación Omar Dengo, ACNUR, OIM y el INA— impulsan programas de capacitación, emprendimiento y apoyo legal para mujeres migrantes.

 Estas iniciativas buscan cerrar brechas de género y promover la inclusión laboral, ofreciendo herramientas para la independencia económica y la informatización de pequeños negocios.

La historia de Anais Rosales es reflejo de una realidad compartida por miles de mujeres migrantes; resilientes, trabajadoras y dispuestas a reconstruir su vida desde cero.

 Su experiencia personal se convierte en un espejo de las deudas sociales y laborales que aún persisten, pero también en una muestra del potencial humano que la migración aporta al país. Su emprendimiento Dulces Migas ya es una marca en este nuevo pais de acogida y muestra que a pesar de la persecución, la pérdida y las dificultades económicas, ha encontrado en el emprendimiento una forma de sostener a su familia y de seguir adelante.


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