Nicaragua 2026: Ejército y Policía como brazos del terrorismo de Estado
La promesa revolucionaria de los años 70 de construir un país
libre de dictaduras se ha transformado en un aparato estatal que utiliza la
fuerza militar y policial para sostener un régimen familiar.
Investigaciones
recientes revelan que el Ejército y la Policía Nacional han sido reorganizados
para reprimir y disciplinar a la población, desplazando su función de
protección frente al crimen común.
Un informe de Expediente Abierto documenta que Nicaragua consolidó un Estado policial institucionalizado, donde las fuerzas armadas y policiales operan bajo una lógica subordinada al poder ejecutivo.
El gasto en
seguridad y defensa se ha convertido en una herramienta de control político más
que en una respuesta a desafíos criminales. Además, se señalan vínculos
sistémicos entre actores gubernamentales y redes del narcotráfico, lo que
convierte al Estado en parte de una estructura híbrida entre élites políticas y
crimen organizado.
La represión es constante y brutal. Entre junio y julio de
2026, el Monitoreo Azul y Blanco registró 109 víctimas de violaciones a
derechos humanos, incluyendo 31 detenciones arbitrarias, 16 desapariciones
forzadas y 5 menores de edad afectados. La Policía Nacional, junto a grupos
paramilitares encapuchados, ejecuta esas acciones como brazo represor del
régimen.
El patrón es claro: terrorismo de Estado mediante
detenciones, desapariciones, confiscación de bienes y suspensión de
credenciales profesionales. La represión alcanza incluso a simpatizantes
sandinistas críticos, demostrando que el aparato policial y militar funciona
como un mecanismo de castigo y control social.
El presupuesto nacional de 2026 refleja esta prioridad: la
Policía recibió 5,622.2 millones de córdobas, el Ejército 5,322.7 millones y el
Ministerio del Interior 2,040.9 millones, sumando más de 12,985 millones de
córdobas para instituciones represivas. Este aumento de 1,783 millones respecto
a 2025 confirma que la represión es la verdadera política de Estado.
En este contexto, Nicaragua enfrenta una situación donde el
Ejército y la Policía no protegen a la ciudadanía, sino que garantizan la
permanencia de una dictadura familiar, consolidando un modelo de Estado
criminal y represivo.
La situación ha generado alarma internacional. El Consejo
Permanente de la OEA, mediante la resolución CP/RES. 1301 (febrero 2026),
expresó su profunda preocupación por la represión, la eliminación de garantías
constitucionales y el uso indebido de mecanismos internacionales para perseguir
opositores. Posteriormente, la resolución CP/RES. 1317 (agosto 2026) convocó a
una reunión urgente de cancilleres, al considerar que en Nicaragua ya no existe
democracia representativa.
El 19 de julio de 2026, durante el aniversario de la
Revolución Sandinista, Daniel Ortega declaró que en Nicaragua “ya no habrá más
elecciones”, confirmando la intención de perpetuarse en el poder y cerrando
cualquier vía institucional de alternancia democrática.
A ello se suma un fenómeno que el Gobierno debe reconocer
oficialmente: el exilio forzado de miles de nicaragüenses, provocado por la
criminalización de la disidencia, la instrumentalización del sistema judicial y
el debilitamiento de la democracia. Este éxodo político ha vaciado
universidades, medios y organizaciones civiles, dejando al país sin voces
críticas.
La historia se repite: de la lucha contra una dictadura a la
consolidación de otra, Nicaragua enfrenta hoy un monopolio familiar del poder,
los medios y las fuerzas armadas, con graves consecuencias para la libertad y
la estabilidad regional.
Comparativo de gasto militar en Centroamérica (2026, estimaciones SIPRI)
|
País |
Gasto
militar (USD) |
% del
PIB |
Observaciones |
|
Nicaragua |
118 M |
0.6 % |
Bajo en términos absolutos,
pero dirigido a sostener aparato represivo del régimen Ortega-Murillo. |
|
Guatemala |
634 M |
0.5 % |
Mayor gasto absoluto de la
región, aunque bajo en proporción del PIB. |
|
Honduras |
599 M |
1.5 % |
Proporción más alta de
Centroamérica; refleja prioridad en seguridad interna y fronteriza. |
|
El
Salvador |
504 M |
1.4 % |
Elevado en relación al PIB,
vinculado a políticas de seguridad y combate a pandillas. |
|
Costa
Rica |
0 M |
0 % |
Sin ejército desde 1949;
recursos destinados a policía civil. |
|
Panamá |
0 M |
0 % |
Sin ejército desde 1990;
seguridad a cargo de fuerzas policiales. |
Honduras y El Salvador: Son los países con mayor esfuerzo
militar relativo, superando el 1 % del PIB. En El Salvador, el gasto se vincula
a la política de seguridad contra pandillas; en Honduras, a la defensa
fronteriza y estabilidad interna.
Nicaragua: Aunque su gasto militar es bajo comparado con
vecinos, se destina principalmente a mantener el control interno y la
represión, más que a defensa externa. Esto se refleja en el uso del Ejército y
la Policía como instrumentos de terrorismo de Estado.
Costa Rica y Panamá: Se mantienen como excepciones regionales, sin ejército y con gasto militar nulo, aunque con inversión en fuerzas policiales y seguridad civil.
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