La CIDH recuerda a los Estados de la región y a la comunidad internacional su responsabilidad de promover el restablecimiento de la democracia y la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua.

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Jueves 16 de abril 2026

Nicaragua: En medio de una crisis sostenida en el tiempo, persisten graves violaciones de derechos humanos

Washington, DC—A ocho años de las protestas sociales y la ola represiva llevada a cabo por el Estado, continúa la crisis de derechos humanos en Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las continuas violaciones a los derechos humanos y urge al Estado de Nicaragua a restablecer el Estado de derecho, poner fin a la represión, liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente o encarceladas por motivos políticos, y cesar la impunidad generalizada.

La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo una de las más graves de la región, en un contexto en el que se ha consolidado una concentración absoluta del poder en el entorno familiar Ortega-Murillo. Persisten diversos patrones de violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y persecución política y religiosa, perpetradas incluso más allá de las fronteras; así como restricciones y afectaciones a garantías y libertades fundamentales, y violaciones bajo custodia estatal en condiciones inhumanas y degradantes, como se detalla a continuación.

En particular, la CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), sigue recibiendo información sobre detenciones arbitrarias y privaciones de la libertad por motivos políticos contra cualquier persona percibida como opositora al régimen. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 46 personas se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad en la actualidad, en condiciones contrarias a la dignidad humana.

En audiencia pública realizada durante el 195.º Período de Sesiones, se recibieron denuncias sobre la profundización de prácticas sistemáticas de detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia, torturas, violencia sexual y condiciones de detención degradantes contra personas opositoras y defensoras de derechos humanos. Adicionalmente, se presentaron casos de desapariciones forzadas y se señalaron los impactos diferenciados que enfrentan mujeres, personas mayores, personas con graves condiciones de salud, personas indígenas, así como liderazgos comunitarios y personas defensoras. 

Por otra parte, se advirtió que las excarcelaciones anunciadas por el Estado nicaragüense este año no se han traducido en la restitución plena y efectiva de la libertad, debido a que estas personas continúan sometidas a nuevas formas de control estatal, vigilancia permanente policial y de agentes paraestatales, restricciones de movilidad y otras medidas de control que afectan su vida familiar, laboral y su proyecto de vida. Se señaló que estas dinámicas de represión profundizan el miedo generalizado y elevan el subregistro de denuncias por temores fundados.

A todo ello se suman las recurrentes violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales y la impunidad generalizada frente a todas las violaciones a los derechos humanos cometidas desde abril de 2018, entre las que se encuentran 355 víctimas fatales solo entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2018.

Las autoridades mantienen la imposición de severas restricciones a la libertad religiosa, prohibiendo celebraciones en espacios públicos, vigilando ceremonias y criminalizando expresiones de fe.

En un contexto de espacio cívico severamente limitado, persiste la persecución contra periodistas, personas defensoras, liderazgos indígenas, artistas y cualquier persona percibida como opositora, tanto en el entorno físico como digital. Esta represión se extiende a sus familias, que enfrentan restricciones a la libertad de movimiento mediante la negativa a entrar al país o para acceder a documentos de viaje, la privación arbitraria de la nacionalidad y la confiscación de propiedades.

Es particularmente grave la información recibida sobre actos de represión perpetrados más allá de las fronteras de Nicaragua. La Comisión recibió denuncias sobre vigilancia, hostigamiento, amenazas, actos de violencia y asesinatos contra personas nicaragüenses en el extranjero, así como el uso indebido de mecanismos de cooperación internacional, como las alertas rojas de INTERPOL y solicitudes con fines de extradición y prohibición de reingreso.

Los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe continúan enfrentando la invasión de colonos y la expansión de actividades extractivas y la violencia por parte de empresas extranjeras en sus territorios ancestrales, lo que ha resultado en desplazamientos forzados. Esta situación persiste bajo la tolerancia estatal que consolida un contexto de violencia, impunidad y desprotección para las comunidades afectadas.

La CIDH continúa instando al Estado de Nicaragua a cesar todas las violaciones a los derechos humanos, liberar incondicionalmente a todas las personas encarceladas por motivos políticos y restablecer la democracia.

La CIDH recuerda a los Estados de la región y a la comunidad internacional su responsabilidad de promover el restablecimiento de la democracia y la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua.

 El fin de la impunidad y el retorno del sistema de democracia representativa constituyen la mejor garantía para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, y es el firme sustento de la solidaridad entre los países del continente.

Finalmente, la CIDH reitera su solidaridad con las víctimas y sus familiares por las graves violaciones a los derechos humanos que continúan perpetrándose desde el inicio de la crisis, y reafirma su compromiso de continuar promoviendo los derechos humanos en Nicaragua. Para ello, continuará monitoreando de cerca la situación en el país a través del MESENI, denunciando las violaciones registradas y recomendando la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos