CIDH Condena violencia y crimen de Dos Sacerdotes Jesuitas en Coahuila

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Internacionales. México

Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en México e insta al Estado a investigar estos hechos pronta y diligentemente a fin de sancionar a quienes resulten responsables.

De acuerdo con información pública, el 20 de junio de 2022, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, Joaquín César Mora Salazar, y el guía de turistas Pedro Palma Gutiérrez, fueron asesinados por hombres armados al interior del templo de la comunidad en Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua. Los cuerpos fueron sustraídos por personas armadas después de lo ocurrido. El Estado informó que los tres cuerpos fueron recuperados tras un operativo de búsqueda inmediata llevado a cabo por el Gobierno de Chihuahua.

La Comisión Interamericana manifiesta su repudio ante estos actos de violencia. A su vez, observa el rechazo público sobre estos hechos por parte del Presidente de la República, así como el Canciller y la Fiscalía del estado de Chihuahua. Asimismo, toma nota de la información aportada por el Estado sobre la identificación de uno de los responsables y le urge a continuar los esfuerzos para llevar a cabo investigaciones exhaustivas, serias e imparciales a fin de lograr la determinación de los hechos, enjuiciar y sancionar a los responsables.

La CIDH advierte que estos hechos se enmarcan en un contexto de violencia conocido en el estado de Chihuahua. En particular, a través de sus diversos mecanismos, se ha recibido información sobre la violencia que enfrentan diversas comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara ante supuestos conflictos entre cárteles de narcotráfico que disputarían el control del territorio para la siembra y cultivos ilícitos, que ha derivado en el otorgamiento de medidas cautelares por parte de la CIDH. Asimismo, en el informe anual de 2019, se observa que, como consecuencia de esta violencia, integrantes de estas comunidades se han visto forzadas a desplazarse fuera de sus territorios.

Finalmente, la Comisión hace un llamado al Estado para garantizar la seguridad de las personas que habitan en dicha comunidad, así como a las personas sobrevivientes.