Gobierno FSLN pide hacer un llamado a la comunidad internacional para suspender las sanciones
La Esteliana/lastenia.accioninformativa@yahoo.es
Con el agua al cuello se encuentra el gobernante frente sandinista frente al pueblo nicaragüense y la comunidad internacional luego de haber dado la orden de asesinar a protestantes a raíz de las manifestaciones de abril 2018.
Después de aplicar un mecanismo coercitivo de represión, censura, secuestros, encarcelamientos y asesinatos contra el pueblo de Nicaragua por demandar libertad, democratizacion estatal e institucionalidad y un segundo intento de dialogo con personas notables que en representación del pueblo buscan una salida a la crisis que ha provocado inseguridad e inestabilidad en el país, ahora Ortega pide abogar para que la Comunidad internacional no le aplique sanciones.
En una propuesta de 5 puntos dada a conocer el día de hoy 09 de marzo, después que la Conferencia Episcopal tomo distancia del dialogo, Ortega pide "hacer un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo Nicaragüense", sin reconocer que las sanciones que se les han aplicado son a funcionarios de su gobierno, por su actuar represivo y dictatorial, no al pueblo, que ha dejado mas de 325 muertos según investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- de la Organización de Estados Americanos - OEA.
Refiere en el punto 3, la liberación de los presos políticos con algunas restricciones, pero igualmente no reconoce que son reos politicos y señala de "presos en el contexto de hechos delictivos en contra del estado de Nicaragua", sin admitir que las protestas a partir de abril 2018 fueron contra su manera y sistema dictatorial de gobernar, no contra el estado de Nicaragua.
En su comunicado el gobierno de Ortega da por hecho que no habrá adelanto de elecciones y las sigue planteando para el 2021, a pesar de que una de las demandas del pueblo es su retiro inmediato del poder.
En el punto 2 plantea "Justicia y reparación para seguir consolidando la paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua". Desde el inicio de la crisis en abril 2018, la vocería presidencial ha mantenido un discurso de paz, pero plagado de epítetos de odio y discriminación contra el pueblo protestante.
En los meses de junio y julio 2018 ejecutaron el plan limpieza con el uso excesivo de la fuerza, donde fuerzas policiales y para policiales, bajo el mando de Ortega, asediaron, dispararon a matar, capturaron y torturaron a los protestantes.
En la actualidad se encuentran mas de 600 presos políticos, muchos siguen siendo torturados, aislados en cárceles infrahumanas de máxima seguridad, según los propios testimonios de los reos. La represión gubernamental además a dejado un aproximado de 60 mil desplazados y exiliados, un periodista asesinado, tres periodistas presos, decenas de espacios informativos censurados, organismos de derechos humanos saqueados, allanados y expropiados por la fuerza y sin orden judicial.
La mesa redonda de dialogo instalada el miércoles 27 de febrero, fue conformada por 6 personas de la Alianza Civica y 6 del gobierno con sus respectivos asesores. Para su instalación fue invitado el nuncio apostólico representante del Vaticano y el Presidente de la Conferencia episcopal, pero debido a que no se les había invitado formalmente a formar parte mediadora en la posible negociación, los obispos tomaron la decisión de retirarse haciendo su notificación oficial que no participaran físicamente pero acompañaran en sus oraciones.
La Alianza Cívica después de la decisión de los obispos, declararon en rueda de prensa que se tomarían este fin de semana para reflexionar y decidir el lunes 11 de marzo si continúan en la mesa de dialogo o no.
Con el agua al cuello se encuentra el gobernante frente sandinista frente al pueblo nicaragüense y la comunidad internacional luego de haber dado la orden de asesinar a protestantes a raíz de las manifestaciones de abril 2018.
Después de aplicar un mecanismo coercitivo de represión, censura, secuestros, encarcelamientos y asesinatos contra el pueblo de Nicaragua por demandar libertad, democratizacion estatal e institucionalidad y un segundo intento de dialogo con personas notables que en representación del pueblo buscan una salida a la crisis que ha provocado inseguridad e inestabilidad en el país, ahora Ortega pide abogar para que la Comunidad internacional no le aplique sanciones.
En una propuesta de 5 puntos dada a conocer el día de hoy 09 de marzo, después que la Conferencia Episcopal tomo distancia del dialogo, Ortega pide "hacer un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo Nicaragüense", sin reconocer que las sanciones que se les han aplicado son a funcionarios de su gobierno, por su actuar represivo y dictatorial, no al pueblo, que ha dejado mas de 325 muertos según investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- de la Organización de Estados Americanos - OEA.
Refiere en el punto 3, la liberación de los presos políticos con algunas restricciones, pero igualmente no reconoce que son reos politicos y señala de "presos en el contexto de hechos delictivos en contra del estado de Nicaragua", sin admitir que las protestas a partir de abril 2018 fueron contra su manera y sistema dictatorial de gobernar, no contra el estado de Nicaragua.
En su comunicado el gobierno de Ortega da por hecho que no habrá adelanto de elecciones y las sigue planteando para el 2021, a pesar de que una de las demandas del pueblo es su retiro inmediato del poder.
En el punto 2 plantea "Justicia y reparación para seguir consolidando la paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua". Desde el inicio de la crisis en abril 2018, la vocería presidencial ha mantenido un discurso de paz, pero plagado de epítetos de odio y discriminación contra el pueblo protestante.
En los meses de junio y julio 2018 ejecutaron el plan limpieza con el uso excesivo de la fuerza, donde fuerzas policiales y para policiales, bajo el mando de Ortega, asediaron, dispararon a matar, capturaron y torturaron a los protestantes.En la actualidad se encuentran mas de 600 presos políticos, muchos siguen siendo torturados, aislados en cárceles infrahumanas de máxima seguridad, según los propios testimonios de los reos. La represión gubernamental además a dejado un aproximado de 60 mil desplazados y exiliados, un periodista asesinado, tres periodistas presos, decenas de espacios informativos censurados, organismos de derechos humanos saqueados, allanados y expropiados por la fuerza y sin orden judicial.
La mesa redonda de dialogo instalada el miércoles 27 de febrero, fue conformada por 6 personas de la Alianza Civica y 6 del gobierno con sus respectivos asesores. Para su instalación fue invitado el nuncio apostólico representante del Vaticano y el Presidente de la Conferencia episcopal, pero debido a que no se les había invitado formalmente a formar parte mediadora en la posible negociación, los obispos tomaron la decisión de retirarse haciendo su notificación oficial que no participaran físicamente pero acompañaran en sus oraciones. La Alianza Cívica después de la decisión de los obispos, declararon en rueda de prensa que se tomarían este fin de semana para reflexionar y decidir el lunes 11 de marzo si continúan en la mesa de dialogo o no.
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