El Tesoro sanciona a tres nicaragüenses por graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción

La Esteliana/lastenia.accioninformativa@yahoo.es
El pasado 05 de julio 2018, el departamento de Estado de los Estados Unidos sanciono a 3 fruncioarios publicos de Nicaragua, ya han pasado 15 dias de la aplicacion de esa medida, pero en Nicaragua, estos funcionarios pasan como si nada especialmente Francisco Dias y Fidel Moreno.

Francisco Lopez,el otro de los sancionados con la ley Magnitski  renuncio a dos empresas gubernamentales, PETRONIC y ENIMINAS.

https://ni.usembassy.gov/es/el-tesoro-sanciona-a-tres-nicaraguenses-por-graves-violaciones-a-los-derechos-humanos-y-actos-de-corrupcion/

Las designaciones representan una respuesta a la violencia y corrupción en Nicaragua

Washington — Los Estados Unidos están profundamente preocupados con la crisis en curso en Nicaragua. Condenamos la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad y otros que ha resultado en la muerte de por lo menos 220 manifestantes y casi 1.500 heridos. Desde el inicio de las protestas el 18 de abril, la violenta respuesta del gobierno de Nicaragua ha incluido golpizas a periodistas, ataques contra estaciones locales de TV y radio, y asaltos a madres dolientes por la muerte de sus hijos. En vista de ello, en el día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al comisionado general de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madriz (Díaz) y al secretario de la Oficina del Alcalde de Managua, Fidel Antonio Moreno Briones (Moreno), por ser responsables, o ser los líderes de las instituciones involucradas en graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Estas medidas se tomaron de conformidad con la Orden Ejecutiva (O.E.) 13818, “Bloqueo de activos de personas que participan en graves violaciones de los derechos humanos o actos de corrupción”, dirigida a sancionar a los perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos y corrupción.

Además, OFAC designó a José Francisco López Centeno (López), vicepresidente de ALBA en Nicaragua (ALBANISA) y presidente de Petronic, por participar en actos de corrupción, también de conformidad con la O.E. 13818. Las designaciones de hoy son solamente las más recientes de una serie de medidas en curso orientadas a sancionar a los violadores de los derechos humanos y actores corruptos en todo el mundo bajo el programa de sanciones de la Ley Global Magnitsky.

“La violencia perpetrada por el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense y los esfuerzos de aquellos cercanos al régimen de Ortega para enriquecerse ilícitamente es profundamente inquietante y totalmente inaceptable”, dijo Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “El presidente Ortega y su círculo interno continúan violando las libertades fundamentales de civiles inocentes al tiempo que ignoran las peticiones del pueblo nicaragüense para las reformas democráticas que exigen, así como elecciones libres, justas y transparentes. Estas sanciones son parte de la campaña en curso bajo el programa de la Ley Global Magnitsky para que rindan cuentas las personas responsables de cometer violaciones de derechos humanos y actos de corrupción”.

Como resultado de las medidas de hoy, todo activo o interés en dicho activo dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos de las personas designadas por OFAC ha quedado bloqueado. Además, las personas estadounidenses en general tienen prohibido hacer transacciones con personas bloqueadas, inclusive con entidades que son 50 por ciento o más de propiedad de las personas designadas.

LEY GLOBAL MAGNITSKY

Apoyándose en la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, el 20 de diciembre de 2017, el Presidente firmó la Orden Ejecutiva (O.E.) 13818, en la que el Presidente indicó que la prevalencia de las violaciones de derechos humanos y los actos de corrupción cuyo origen está total o parcialmente, fuera de los Estados Unidos, han alcanzado tal extensión y gravedad que amenazan la estabilidad de los sistemas internacionales y políticos. Los abusos de los derechos humanos y los actos de corrupción socavan los valores que son la base fundamental de sociedades estables, seguras y funcionales; tienen impactos devastadores sobre las personas; debilitan las instituciones democráticas; degradan el estado de derecho; perpetúan los conflictos violentos; facilitan las actividades de personas peligrosas; y socavan los mercados económicos. Los Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas a aquellos que cometan graves violaciones de los derechos humanos o se involucran en actos de corrupción, así como para defender el sistema financiero de Estados Unidos del abuso de estas mismas personas. A la fecha, 76 individuos y entidades han sido designados según la O.E. 13818.

FRANCISCO JAVIER DÍAZ MADRIZ

Días es el comisionado general de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN), a quien se refieren como el jefe de-facto y encargado de las operaciones diarias de la PNN. Bajo el comando de Díaz, la PNN se ha involucrado en violaciones de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua, inclusive ejecuciones extrajudiciales. En junio, hombres armados enmascarados acompañados por individuos que fueron identificados por testigos como policías nicaragüenses, prendieron fuego a la casa de una familia en Managua, matando a seis personas, incluidos dos niños pequeños. Cuando los vecinos intentaron ayudar, la policía presuntamente les disparó, evitando que los posibles rescatistas pudieran acercarse a la familia. La policía nicaragüense ha contactado a líderes de pandillas en Nicaragua para pedirles su apoyo para atacar a los manifestantes anti-gubernamentales, y han sido acusados de disparar indiscriminadamente, y matar, a manifestantes pacíficos.

FIDEL ANTONIO MORENO BRIONES

Moreno es el principal contacto entre los gobiernos municipales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y también ha sido líder de la Juventud Sandinista, la organización de jóvenes del FSLN. La Juventud Sandinista ha estado implicada en numerosas violaciones graves de los derechos humanos relacionadas con las protestas en curso contra el gobierno nicaragüense, inclusive la golpiza de manifestantes en abril de 2018 y la presunta participación en el ataque en junio que mató a una familia de seis en Managua. Moreno ha estado personalmente implicado en ordenar ataques contra los manifestantes desde el año 2013, cuando personas mayores y jóvenes que protestaban pacíficamente por la reducción en las pensiones de jubilación, fueron violentamente desalojadas de su campamento por miembros de la Juventud Sandinista. En el año 2013, Moreno también organizó el uso de motociclistas para atacar violentamente a personas que protestaban contra la defectuosa ejecución de un programa del gobierno, y a comienzos del año 2017 reclutó a otras personas para que se unan a los motociclistas para participar en las medidas para reprimir las marchas contra el gobierno. Moreno ha sido acusado de robar grandes sumas de dinero de los proyectos municipales de Managua, y de usar los fondos del municipio para pagar las actividades partidarias del FSLN.

JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ CENTENO

López es el vicepresidente de ALBANISA, la compañía que importa y vende productos venezolanos derivados del petróleo, y presidente de la empresa pública nicaragüense de petróleo, Petronic. López ha tenido acceso a grandes cantidades de fondos recaudados por el gobierno en forma de impuestos y multas, que él ha podido aprovechar, inclusive para el uso personal de los líderes nicaragüenses. Cuando participó en proyectos de infraestructura, López extraía fondos negociando pagos personales, ha colocado a un gran número de individuos en cargos en todo el gobierno quienes después lo han ayudado a robar millones de dólares cada año, y ha utilizado su posición para provecho propio y de su familia, utilizando las compañías de su propiedad para ganar contratos del gobierno. ALBANISA es 49% de propiedad de Petronic, y 51% de propiedad de la empresa estatal petrolera de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA). Los funcionarios de alto rango del gobierno nicaragüense y del FSLN han utilizado los fondos de ALBANISA para comprar estaciones de televisión y radio, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos.