Red de Mujeres contra la Violencia lanza alerta Roja contra decreto del Presidente Daniel Ortega

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ALERTA ROJA! ¡LOS DERECHOS DE LAS MUJERES ESTÁN EN PELIGRO!

PRONUNCIAMIENTO

La Red de mujeres contra la violencia denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, la población en general y las mujeres nicaragüenses, que el recién publicado Decreto Presidencial 42-2014sobre la supuesta reglamentación de la Ley 779, constituye en primer lugar un acto fraudulento por que fue emitido de manera extemporáneo, en tanto la ley 846 que reformo la Ley 779 fue publicada en Octubre del año 2013 y otorgo un plazo de 60 días para la reglamentación conforme al tiempo previsto en la Constitución Política, sin embargo este reglamento fuè publicado el 31 de Julio 2014, es decir 9 meses después.

En segundo lugar dicho reglamento representa un retroceso en materia de protección de los

derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho de vivir libres de violencia, por cuanto

el mismo cambia de manera ilegal el contenido esencial de la Ley Integral contra la violencia

hacia las mujeres y crea mecanismo encaminado a la obstaculizacióndel acceso a la justicia y la

sanción de conductas punibles cometidos por los agresores en el ejercicio de sus relaciones de

poder autoritario tanto en el ámbito privado como público.

El presidente con este reglamento se arroga funciones legislativas que no le corresponden y

pretende mediante el mismo reformar el objetivo, los ámbitos de aplicación, la tipificación de los delitos, establecer procedimientos penales, normativas administrativas y estructuras al margen de la propia ley.

La Ley Integral contra la Violencia Hacia las Mujeres, define como objetivo el“actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, con el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarle una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación; establecer medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y prestar asistencia a las mujeres víctimas de violencia, impulsando cambios en los patrones socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones de poder”, por lo que resulta arbitrario que con un decreto presidencial  se cambie este objetivo y se reduzca a la supuesta protección de la familia, en detrimento de los  derechos individuales de la mujeres como persona humana y ciudadana.

El reglamento reduce el ámbito de la aplicación de la ley y pretende reducirla exclusivamente a

las relaciones interpersonales de parejas, desconociendo que la violencia machista trasciende el

ámbito privado, en tanto sus raíces son socioculturales, motivadas por la discriminación, la

misoginia y la desigualdad, por ende las mujeres vive en su entorno social diferentes tipo de

violencia perpetradas por agresores en la comunidad, el trabajo y de parte de las propias

autoridades estatales.