En Nicaragua Abortar es un delito jurídico

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Ana Maria Pizarro.
   Como en todas partes donde está penalizado, el aborto es un asunto de doble moral, la palabra hipocresía impera, tal como lo denunciamos las feministas desde hace más de 30 años.

En Nicaragua, abortar ha sido un delito en toda su historia jurídica.

 El aborto ha estado penalizado siempre. La legislación que prohíbe el aborto es una de las más violadas en el país, pues toda la ciudadanía –incluida las jerarquías religiosas que persistentemente convencen a sus feligreses en la Asamblea Nacional- sabe que la ley se viola a diario con consecuencias graves para las mujeres pobres y para la vigencia del Estado de Derecho.

En septiembre de 2006, la ley que autorizaba el aborto terapéutico- consignado en la legislación desde 1837- fue derogada por el parlamento y consecuentemente la penalización absoluta del aborto fue mantenida, siendo derogada por el parlamento y consecuentemente la penalización absoluta del aborto fue mantenida, siendo el peor indicador post Cairo. Las mujeres quedan completamente desprotegidas cuando las complicaciones del embarazo ponen en riesgo su vida o su salud, lo que constituye una forma cruel de violencia.

Como en todas partes donde está penalizado, el aborto es un asunto de doble moral, donde la palabra hipocresía impera, tal como lo denunciamos las feministas desde hace más de 30 años. Además que el aborto continúa totalmente ilegalizado, Nicaragua ha instalado una legislación –inédita en el país-, que otorga al embrión o al feto derechos legales que menoscaban y eliminan los derechos constitucionales de las mujeres ya nacidas. Esta decisión legislativa fue promovida por los jerarcas religiosos con tal fuerza que el nuevo Código Penal, aprobado en 2008 –durante el gobierno sandinista-, se basa en el Decreto Presidencial del Día del Niño no nacido.

El nuevo Código Penal mantiene la ilegalidad del aborto para las y los profesionales de la salud –con prisión de 2 a 8 años-, promueve la clandestinidad, pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres y da por resultado que el aborto siga siendo un negocio para quienes lo practican en sigilo. Además, deja la vida hecha y derecha de las mujeres a merced de los embriones.

Dado que ha quedado eliminada completamente la posibilidad de interrumpir el embarazo, aún en las más graves circunstancias, y que además se penaliza ¨el daño físico o psicológico al no nacido¨, profesionales de la medicina –sin distinción de su especialidad- quedan expuestos/as a penas de cárcel en el momento de atender a una mujer en cualquier etapa del embarazo.

Ante el reclamo de la comunidad internacional, se han publicado Protocolos de atención que no tienen fuerza de ley; Amnistía Internacional en 2009 publicó este testimonio de un médico nicaragüense: "El Ministerio de Salud (MINSA), al obligarme a que yo cumpla con sus protocolos, me está instigando para que yo sea un delincuente. Me está invitando a hacer asociación ilícita para delinquir. Me está obligando a que me coloque fuera de la ley. Me está pidiendo que siga protocolos obstétricos, los cuales yo sé que no tienen la misma jerarquía que la ley. Y el problema es que si yo no cumplo con esos protocolos, me sancionará el MINSA. Y si yo cumplo con los protocolos, entonces me sancionará el Estado".

En momentos en que la comunidad internacional monitorea el cumplimiento del Programa de Acción de la CIPD, en Nicaragua la situación no se encamina de manera clara y rotunda a aplicar los cambios que su población demanda. El 51,9% de la población está compuesta por mujeres, en su mayoría jóvenes, pobres y con pocas oportunidades. Un buen grupo sufre violencia o muere en manos de sus esposos o compañeros, o a causa de cáncer, del Sida, de complicaciones evitables del embarazo o de abortos realizados en condiciones de riesgo.

En Nicaragua, las niñas son forzadas a parir el producto de una violación

Los nacimientos en niñas de 10 a 14 años se han incrementado. 

A julio del 2012 el Fondo de Población de las NNUU reportó que estos embarazos aumentaron el 47% en 9 años, pasando de 1,066 en el año 2000 a 1,477 en el año 2009. 

Antes y después que se derogara el aborto terapéutico en Nicaragua, las niñas son forzadas a parir el producto de una violación, pues a nadie puede pasar desapercibido que en esas edades no se pueden consensuar relaciones sexuales, dada la inmadurez emocional de las criaturas, quienes son violadas y embarazadas.

En noviembre 2011, en la Región Autónoma del Atlántico Norte se denunció la situación de una niña indígena de 12 años que fue violada y resultó embarazada; esto se conoció públicamente recién cuando cumplió 36 semanas de gestación. 

Según los medios de comunicación, la niña se encontraba en una "situación dramática" internada en el Hospital Bertha Calderón de Managua. 

Sus padres habían solicitado a las autoridades la interrupción del embarazo porque presentaba un cuadro de eclampsia (convulsiones); la niña, que llegó al hospital con desgarros vaginales, fue intervenida quirúrgicamente por presentar un proceso avanzado de desnutrición y de sepsis.

 Aunque nunca se comprobó que se hiciera alguna denuncia judicial, las autoridades estaban obligadas a actuar ante la evidencia de la violación y el embarazo. 

Sin embargo, el nacimiento del niño a pesar del grave riesgo de muerte de la -madre-  niña agredida fue considerado "un milagro y un signo de la bendición de Dios" por las autoridades.

Ana María Pizarro es médica cirujana, especialista en ginecología y obstetricia, vive en Nicaragua desde 1980. A través de la investigación, la docencia, numerosas publicaciones y su participación en diversas organizaciones, ha defendido los derechos de las mujeres. Por este trabajo en Nicaragua y América Latina recibió en 2004 el Freedom Keeper Award. En 2012 publicó el documento Cairo +20 Nicaragua, Diagnóstico Nacional 1994-2012, que resume el proceso de monitoreo de la Conferencia Interamericana de Población y Desarrollo.