Ejecutan a Mexicano Edgar Tamayo en Texas Estados Unidos
La Esteliana/lastenia.accioninformativa@yahoo.es
BBC
Noticia Al Dia / Activistas contrarios a la pena de muerte esperaban que el gobernador de Texas reconsiderara su postura.
El gobierno de México pidió una revisión del caso. El Departamento de Estado de EE.UU. solicitó un retraso en la ejecución. La Corte Internacional de Justicia de La Haya acusa a Estados Unidos de violar normas de derecho internacional. La familia del condenado esperaba una llamada de última hora que evitara su muerte.
Sin embargo, nada de esto funcionó.
El mexicano Édgar Tamayo fue ejecutado la noche de este miércoles mediante inyección letal en una prisión de Texas, Estados Unidos. Con esto, se convierte en el décimo primer mexicano en recibir la pena capital en ese país desde 1926.
Sin asistencia consular Tamayo, de 46 años, condenado por homicidio, fue ejecutado a las 21:32, hora local.
Una periodista que fue testigo de la aplicación de la pena de muerte a Tamayo, indicó que murió tranquilamente y que incluso se negó a dar una declaración final antes de su ejecución.
Hubo “un silencio absoluto, un ambiente frío”, dijo la periodista de un semanario en Houston.
El gobierno de México dice que la ejecución de Tamayo viola el derecho internacional, por cuanto no fue informado de su opción a pedir asistencia legal en el consulado de México cuando fue arrestado.
Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, había pedido al gobierno del estado de Texas, en un gesto poco común, que retrasara la ejecución.
Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch también pidieron al gobernador de Texas, Rick Perry, que indultara a Tamayo, toda vez que las apelaciones ante distintos tribunales habían ido fracasando.
El último rechazo llegó de la Corte Suprema de Justicia y el 5° Circuito de la Corte de Apelaciones, que consideró que una apelación para que se considerara a Tamayo como discapacitado mental y, por tanto, in elegible para la ejecución, llegó demasiado tarde.
En enero de 1994, Tamayo disparó y mató al agente de policía Guy Gaddis, de 24 años, tras ser arrestado por Gaddis por un robo. Tamayo residía en EE.UU. como indocumentado.
Gaddis, que era miembro de la policía de Houston desde hacía dos años, conducía a Tamayo y a otro hombre cuando recibió tres disparos en la cabeza y el cuello con una pistola que Tamayo había escondido en sus pantalones.
"Esto es una cuestión de proceso y puede afectar la manera en que se trata a ciudadanos de EE.UU. en otros países", dijo Kerry.
“La pena máxima” Los abogados de Tamayo y las autoridades mexicanas aseguran que Tamayo estaba protegido por la provisión de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que permite a los ciudadanos que son arrestados en un país diferente al suyo recibir asesoría legal de sus consulados.
Pero Tamayo no fue informado sobre su derecho a pedir asistencia consular.
Sus abogados aducen que dicha asistencia habría sacado a la luz pruebas que refutan el cargo de homicidio de primer grado o que lo habrían alejado de la pena de muerte.
Tamayo estaba en EE.UU. en situación irregular antes del crimen y las autoridades de Texas sostienen que sus procedimientos fueron acordes con las normas de la Corte Suprema del país.
“No importa de dónde seas”, dijo Lucy Nashed, portavoz del gobernador de Texas, Rick Perry. “Si cometes un crimen despreciable como éste en Texas, estás sujeto a nuestras leyes estatales, incluido un proceso justo con un jurado y una posible sentencia a la pena máxima”.
Pero John Kerry pidió a las autoridades de Texas que retrasen la ejecución por inyección letal para poder revisar si la falta de acceso a la asesoría consular pudo haber contaminado el resultado del caso.
En una carta a las autoridades estatales, el diplomático de mayor rango de EE.UU. expresó que “no tenía razones para dudar de los hechos de la condena de Tamayo” pero que estaba preocupado por el posible impacto del caso en las relaciones entre EE.UU. y México y en el trato futuro a los estadounidenses en el extranjero.
El martes, la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo: “Si nosotros mismos no mantenemos estas obligaciones, será mucho más complicado para nosotros pedir a otros países que lo hagan”.
El exgobernador de Texas, Mark White, también pidió una revisión, al escribir en el periódico local Austin American−Statesman que cree en la pena capital pero que “este caso no trata sobre si apoyamos o rechazamos la pena de muerte. Trata sobre la justicia y la garantía de que los tribunales conozcan todos los datos clave”.
El gobierno mexicano había advertido que si Texas no revisaba el caso ni reconsideraba su sentencia, esto sería “una clara violación por parte de EE.UU. de sus obligaciones internacionales”.
Sentencia de La Haya Los abogados de Tamayo alegan que no recibió información sobre su derecho a la asistencia consular.
Tamayo forma parte de un grupo de cuatro decenas de ciudadanos mexicanos que estaban a la espera de ejecución en EE.UU. en 2004 cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, sentenció, en el llamado fallo Avena, que no habían sido informados de manera adecuada de sus derechos consulares.
El expresidente de EE.UU. George W. Bush, ordenó a Texas y a otros estados que revisaran dichos casos, pero la Corte Suprema del país falló a favor del estado en 2008, al decir que el presidente no puede aplicar de forma eficaz la sentencia de La Haya, y dejó en manos del Congreso la posibilidad de legislar al respecto.
Otros dos hombres que pertenecían al grupo del caso de La Haya, José Ernesto Medellín y Humberto Leal García, fueron ejecutados pese a las objeciones de México.
Texas ejecuta a más criminales que cualquier otro estado de EE.UU. El año pasado fueron ejecutadas 16 personas, en comparación con siete en Florida, el estado que ocupa el segundo lugar en este ránking.
Reacción de México México lamentó la ejecución de Édgar Tamayo. En un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que la ejecución “viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y contraviene el fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el Caso Avena”, de 2004.
Esta resolución ordenó a Estados Unidos revisar y reconsiderar las sentencias de pena capital impuestas a Tamayo, así como a otros 50 mexicanos también sentenciados a muerte y a quienes el gobierno de Texas les respetó su derecho a la notificación y asistencia consular.
La Cancillería también pidió que se evite la ejecución de otras condenas “en desacato del fallo Avena”.
Este miércoles un grupo de personas realizó una protesta frente a la embajada de Estados Unidos en México, así como en la oficina de representación oficial de Texas, ambas en la capital del país.
En la casa de los padres de Tamayo, en Morelos, amigos y familiares se reunieron para orar “a la espera de un milagro” que no ocurrió.
Amnistia Internacional también pidió suspensión de la ejecución y revisión de la causa por la que se condeno a Tamayo a pena de muerte, quienes junto a otras entidades esperaban que a ultima hora se detuviera la ejecución.
BBC
Noticia Al Dia / Activistas contrarios a la pena de muerte esperaban que el gobernador de Texas reconsiderara su postura.
El gobierno de México pidió una revisión del caso. El Departamento de Estado de EE.UU. solicitó un retraso en la ejecución. La Corte Internacional de Justicia de La Haya acusa a Estados Unidos de violar normas de derecho internacional. La familia del condenado esperaba una llamada de última hora que evitara su muerte.
Sin embargo, nada de esto funcionó.
El mexicano Édgar Tamayo fue ejecutado la noche de este miércoles mediante inyección letal en una prisión de Texas, Estados Unidos. Con esto, se convierte en el décimo primer mexicano en recibir la pena capital en ese país desde 1926.
Sin asistencia consular Tamayo, de 46 años, condenado por homicidio, fue ejecutado a las 21:32, hora local.
Una periodista que fue testigo de la aplicación de la pena de muerte a Tamayo, indicó que murió tranquilamente y que incluso se negó a dar una declaración final antes de su ejecución.
Hubo “un silencio absoluto, un ambiente frío”, dijo la periodista de un semanario en Houston.
El gobierno de México dice que la ejecución de Tamayo viola el derecho internacional, por cuanto no fue informado de su opción a pedir asistencia legal en el consulado de México cuando fue arrestado.
Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, había pedido al gobierno del estado de Texas, en un gesto poco común, que retrasara la ejecución.
Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch también pidieron al gobernador de Texas, Rick Perry, que indultara a Tamayo, toda vez que las apelaciones ante distintos tribunales habían ido fracasando.
El último rechazo llegó de la Corte Suprema de Justicia y el 5° Circuito de la Corte de Apelaciones, que consideró que una apelación para que se considerara a Tamayo como discapacitado mental y, por tanto, in elegible para la ejecución, llegó demasiado tarde.
En enero de 1994, Tamayo disparó y mató al agente de policía Guy Gaddis, de 24 años, tras ser arrestado por Gaddis por un robo. Tamayo residía en EE.UU. como indocumentado.
Gaddis, que era miembro de la policía de Houston desde hacía dos años, conducía a Tamayo y a otro hombre cuando recibió tres disparos en la cabeza y el cuello con una pistola que Tamayo había escondido en sus pantalones.
"Esto es una cuestión de proceso y puede afectar la manera en que se trata a ciudadanos de EE.UU. en otros países", dijo Kerry.
“La pena máxima” Los abogados de Tamayo y las autoridades mexicanas aseguran que Tamayo estaba protegido por la provisión de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que permite a los ciudadanos que son arrestados en un país diferente al suyo recibir asesoría legal de sus consulados.
Pero Tamayo no fue informado sobre su derecho a pedir asistencia consular.
Sus abogados aducen que dicha asistencia habría sacado a la luz pruebas que refutan el cargo de homicidio de primer grado o que lo habrían alejado de la pena de muerte.
Tamayo estaba en EE.UU. en situación irregular antes del crimen y las autoridades de Texas sostienen que sus procedimientos fueron acordes con las normas de la Corte Suprema del país.
“No importa de dónde seas”, dijo Lucy Nashed, portavoz del gobernador de Texas, Rick Perry. “Si cometes un crimen despreciable como éste en Texas, estás sujeto a nuestras leyes estatales, incluido un proceso justo con un jurado y una posible sentencia a la pena máxima”.
Pero John Kerry pidió a las autoridades de Texas que retrasen la ejecución por inyección letal para poder revisar si la falta de acceso a la asesoría consular pudo haber contaminado el resultado del caso.
En una carta a las autoridades estatales, el diplomático de mayor rango de EE.UU. expresó que “no tenía razones para dudar de los hechos de la condena de Tamayo” pero que estaba preocupado por el posible impacto del caso en las relaciones entre EE.UU. y México y en el trato futuro a los estadounidenses en el extranjero.
El martes, la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo: “Si nosotros mismos no mantenemos estas obligaciones, será mucho más complicado para nosotros pedir a otros países que lo hagan”.
El exgobernador de Texas, Mark White, también pidió una revisión, al escribir en el periódico local Austin American−Statesman que cree en la pena capital pero que “este caso no trata sobre si apoyamos o rechazamos la pena de muerte. Trata sobre la justicia y la garantía de que los tribunales conozcan todos los datos clave”.
El gobierno mexicano había advertido que si Texas no revisaba el caso ni reconsideraba su sentencia, esto sería “una clara violación por parte de EE.UU. de sus obligaciones internacionales”.
Sentencia de La Haya Los abogados de Tamayo alegan que no recibió información sobre su derecho a la asistencia consular.
Tamayo forma parte de un grupo de cuatro decenas de ciudadanos mexicanos que estaban a la espera de ejecución en EE.UU. en 2004 cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, sentenció, en el llamado fallo Avena, que no habían sido informados de manera adecuada de sus derechos consulares.
El expresidente de EE.UU. George W. Bush, ordenó a Texas y a otros estados que revisaran dichos casos, pero la Corte Suprema del país falló a favor del estado en 2008, al decir que el presidente no puede aplicar de forma eficaz la sentencia de La Haya, y dejó en manos del Congreso la posibilidad de legislar al respecto.
Otros dos hombres que pertenecían al grupo del caso de La Haya, José Ernesto Medellín y Humberto Leal García, fueron ejecutados pese a las objeciones de México.
Texas ejecuta a más criminales que cualquier otro estado de EE.UU. El año pasado fueron ejecutadas 16 personas, en comparación con siete en Florida, el estado que ocupa el segundo lugar en este ránking.
Reacción de México México lamentó la ejecución de Édgar Tamayo. En un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que la ejecución “viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y contraviene el fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el Caso Avena”, de 2004.
Esta resolución ordenó a Estados Unidos revisar y reconsiderar las sentencias de pena capital impuestas a Tamayo, así como a otros 50 mexicanos también sentenciados a muerte y a quienes el gobierno de Texas les respetó su derecho a la notificación y asistencia consular.
La Cancillería también pidió que se evite la ejecución de otras condenas “en desacato del fallo Avena”.
Este miércoles un grupo de personas realizó una protesta frente a la embajada de Estados Unidos en México, así como en la oficina de representación oficial de Texas, ambas en la capital del país.
En la casa de los padres de Tamayo, en Morelos, amigos y familiares se reunieron para orar “a la espera de un milagro” que no ocurrió.
Amnistia Internacional también pidió suspensión de la ejecución y revisión de la causa por la que se condeno a Tamayo a pena de muerte, quienes junto a otras entidades esperaban que a ultima hora se detuviera la ejecución.
Comentarios
Publicar un comentario
Tus comentarios me ayudan a crecer y ser mejor