Solicitan anulacion de concesion Canalera

La Esteliana/lastenia.accioninformativa@yahoo.es

Ciudad de Esteli, 26 de junio 2013.  Diversas personalidades de la vida politica y social de Nicaragua se han pronunciado en contra de la entrega de la soberania patria mediante la concesion del Canal Interoceanico de Nicaragua que ha echo Daniel Ortega presidente Inconstitucional del pais a un aparente empresario Chino de nombre Wang Jing.

    MANIFIESTO  A LOS NICARAGÜENSES  EN DEFENSA DE LA  SOBERANÍA NACIONAL

Texto integro del comunicado:

La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos.

Artículo 1 de la Constitución Política de la República de Nicaragua 

El pueblo de Nicaragua ha tenido a lo largo de su historia el legítimo anhelo de que las ventajas que ofrece la geografía del país den paso a la construcción de un canal interoceánico, que a la vez de significar la transformación económica y el desarrollo nacional sea fuente de bienestar con justicia para todos. 

Pero esta justa aspiración ha sido repetidas veces malversada, resultando en una venta de ilusiones de riqueza y progreso, en oscuras manipulaciones, en mampara para afirmar ambiciones desmedidas de poder y la reafirmación del caudillismo, y lo que es peor, en la entrega de la soberanía patria, el más caro de nuestros bienes, como ocurrió ya antes con la firma del tratado Chamorro-Bryan de 1914, cuando partes sustanciales de nuestro territorio fueron vendidas a Estados Unidos por 3 millones de dólares. 

Hoy la historia vuelve a revestirse de los mismos colores oscuros con la firma del tratado Ortega-Wang Ying, que enajena por el plazo de un siglo nuestra soberanía a una compañía privada originaria de la República Popular China, el nuevo gran poder mundial emergente, con lo que de nuevo volvemos a convertirnos en un peón de los intereses de dominio de las superpotencias. 

El tratado, negociado por Ortega en secreto, se ha consumado de espaldas a los nicaragüenses, sin ninguna transparencia y sin ninguna clase de consenso nacional. Sin un debido proceso de licitación previa, tratándose de una obra de 40 mil millones de dólares, se conceden por el plazo de un siglo los derechos absolutos de construcción y explotación de un canal interoceánico, de una vía ferroviaria de costa a costa, puertos, aeropuertos, oleoductos y zonas francas comerciales y otras muchas obras, por la irrisoria suma de 10 millones de dólares anuales, lo que ni siquiera se establece como una obligación, y el 1 por ciento de las acciones de la compañía, endosado también de manera anual. Estos derechos absolutos pueden ser traspasados a cualquier tercero, sea un Estado u otra compañía, en todo, o en partes, por la sola voluntad del concesionario extranjero. 

Por ese mismo término, un siglo, en el que se compromete el futuro de generaciones de nicaragüenses que aún no han nacido, y que nacerán prácticamente sin patria, se entrega a una compañía con sede en Hong Kong y recién inscrita en Gran Caimán, reconocido paraíso fiscal en el Caribe, la tierra, las aguas marítimas, fluviales y lacustres, el aire y los recursos naturales, en una extensión territorial que al firmarse el tratado ni siquiera ha sido definida, y se cede también la soberanía administrativa, judicial, laboral, fiscal y financiera del país. 

Las reservas del Banco Central se otorgan como garantía frente a un tratado que sólo genera obligaciones para el Estado de Nicaragua y ninguna para los intereses que representa el gran beneficiario extranjero, que también obtiene el derecho de confiscar propiedades de particulares en cualquier lugar del territorio nacional y a su propio arbitrio, con lo que viene a crearse un estado de alarmante inseguridad jurídica. 

De la misma manera, el tratado violenta los derechos de las comunidades indígenas del Caribe sobre sus tierras ancestrales bajo régimen comunal, derechos previamente reconocidos por el Estado, que ahora quedan sometidos también a la confiscación, a pesar de hallarse protegidos por las leyes de la república. 

Este tratado inicuo amenaza, asimismo, con liquidar la riqueza ecológica de Nicaragua, empezando por el más substancial de nuestros recursos naturales, el Gran Lago Cocibolca, una de las más importantes reservas de agua dulce de América, y arriesga gravemente también la conservación de nuestras cuencas hidrográficas, selvas, bosques y humedales, en una catástrofe de consecuencias incalculables, sin precedentes, sin que al firmarse el tratado se haya presentado un solo estudio que demuestre que esta riqueza quedará a salvo de la destrucción. 

El concesionario absoluto, Wang Ying, haciendo uso adelantado de los atributos de soberanía nacional que el tratado le concede, ha negociado con la república de Costa Rica que el canal no atravesará las aguas del río San Juan, “a fin de no provocar conflictos internacionales”, según sus propias declaraciones, una decisión que solamente debería corresponder al Estado de Nicaragua, pero que él asume como un derecho que Ortega le ha otorgado junto a la concesión canalera. 

Los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional se han convertido en cómplices del negocio Ortega- Wang Ying al haber aprobado en menos de 72 horas el tratado, violentando más de 30 artículos de la Constitución Política, y en la misma ley de aprobación se comprometieron a reformar la misma Constitución, para adecuarla a los intereses de la parte china, y completar así las condiciones para que se cree en el país un verdadero enclave extranjero, sin competencia alguna de las autoridades judiciales, militares y de policía, tal como el tratado ya lo establece, con lo que la seguridad nacional en los territorios concedidos pasará a quedar en manos privadas, o eventualmente de otro Estado (El estado Chino).            Nicaragua y los nicaragüenses, hemos quedado en indefensión. 

Esto viene a demostrar que en Nicaragua lo que impera es un sistema autoritario, que somete a las instituciones a la arbitrariedad de decisiones inconsultas que tienen que ver con toda la nación y con su futuro, sin ninguna consideración al orden constitucional ni a las leyes vigentes, ni a los intereses nacionales soberanos. Por otra parte, Daniel Ortega pretende aparecer como imprescindible en el poder para consumar un proyecto de largo plazo, un elefante blanco que ni siquiera se sabe cuándo empezará ni cuándo se completará su construcción, ni qué clase de negocios o manipulaciones financieras se encuentran escondidos tras la mampara del tratado. 

Vivimos tiempos de globalización, de grandes avances tecnológicos y de un incremento del comercio mundial sin precedentes, por lo que un segundo canal interoceánico en América sería de incontestable utilidad para el comercio internacional.        

Pero la globalización y el comercio no significan de ninguna manera que los países deban renunciar a su soberanía y a sus riquezas naturales, entregándolas a compañías o países extranjeros. Al contrario, los gobiernos que respetan la dignidad nacional, defienden su soberanía y protegen celosamente su patrimonio ecológico y su medio ambiente, los salvaguardan al insertarse en la globalización. 

Llamamos a todos los nicaragüenses, sin distingos de ninguna clase, a tomar conciencia de este atropello sin precedentes contra la integridad de nuestra patria, y a que unánimemente alcemos nuestra voz de protesta y de condena al tratado Ortega-Wang Ying, exigiendo su inmediata anulación.

Danilo Aguirre Solís

Claribel Alegría

Emilio Álvarez Montalván

Pedro José Alvarez

Gabriel Álvarez Argüello

Juan Carlos Ampié

Mauro Ampié Vílchez

José Argüello Lacayo

César Aróstegui Centeno

Roger Arteaga Cano

Julio Francisco Báez

Gioconda Belli

Pedro Belli

Pedro Antonio Blandón

Carlos Brenes Sánchez

Adolfo Bonilla

María Estela Calderón

Luis Callejas

Marco Antonio Carmona Rivera

Rita Delia Casco

Alfonso Castellón Ayón

Ernesto Castillo Martínez

Oscar Castillo Guido

Ernesto Cardenal

Gonzalo Carrión

Luis Carrión Cruz

Carlos Fernando Chamorro

Claudia Chamorro Barrios

Cristiana Chamorro Barrios

Francisco Chamorro García

Jaime Chamorro Cardenal

Guillermo Cortés Domínguez

Alfonso Dávila Barboza

Irving Dávila Escobar

Mario De Franco

Violeta Delgado

Edipsia Dubón

Octavio Enríquez

Desiree Elizondo

Fabio Gadea Mantilla

Sergio García Quintero

Violeta Granera

Onofre Guevara

Pinita Gurdián de Vijil

Marvin Gómez Guerrero

Arturo Grigbsy

Moisés Hassan Morales

Hugo Holmann Chamorro

Julio Icaza Gallard

Armando Incer Barquero

Heberto Incer Moraga

Bianca Jagger

Agustín Jarquín Anaya

Edmundo Jarquín Calderón

Juanita Jiménez

Alberto Lacayo Argüello

Manuel Ignacio Lacayo

Carlos Langrand

Irving Larios Sánchez

Anastasio Lovo

Auxiliadora Marenco Gutiérrez

Arnoldo Martínez Ramírez

Sergio Martínez Vega

José Luis Medal Mendieta

Luis Adolfo Medal Mendieta

Vida Luz Meneses

Eduardo Montealegre Rivas

Diego A. Montiel Morales

Sofía Montenegro

Michéle Najlis

Carlos Noguera

Alberto Novoa

Eliseo Núñez Morales

Vilma Núñez de Escorcia

Manuel Ortega Hegg

Zoila América Ortega Murillo

Cirilo Antonio Otero

José Pallais Arana

Edgard Parrales

Uriel Pineda Quintero

Ana María Pizarro Jiménez

Sergio Ramírez Mercado

Indalecio Rodríguez

Luis Rocha Urtecho

Henry Ruiz Hernández (Modesto)

Enrique Sáenz

Carlos Salinas Maldonado

Domingo Sánchez Salgado

(Chagüitillo)

Luis Sánchez Sancho

María Eugenia Sequeira

Melvin Sotelo

Alejandro Serrano Caldera

Azahálea Solís

Pedro Xavier Solís Cuadra

Dora María Téllez Argüello

Víctor Hugo Tinoco

Víctor Tirado López

Hugo Torres Jiménez

Carlos Tünnermann Bernheim

Mario Urtecho

Oscar René Vargas

Noel Vidaurre Argüello

Ana Margarita Vijil

Josefina Vijil

Ricardo Zambrana Diaz

Ricardo Zambrana Godoy

Digna Zamora de Corea

Daisy Zamora

María José Zamora Solórzano

Rosa Marina Zelaya

Managua, junio de 2013