Frente
a lo anunciado y divulgado a través de los medios de comunicación por
parte del gobierno federal sobre la situación de desalojo de la
comunidad de Nueva Esperanza de Petén, Guatemala, desplazada con
violencia y asentada en la línea fronteriza con México desde el pasado
23 de agosto de 2011, y luego de que el Centro de Derechos Humanos
Usumacinta, A.C. (CDHU) recabó distintos testimonios, las organizaciones
abajo firmantes manifestamos lo siguiente:
Son falsas las declaraciones del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Salvador Beltrán del Río,
en el sentido de que las 71 personas trasladadas a la Estación
Migratoria de Tapachula, Chiapas fueron aseguradas de manera voluntaria y
con estricto apego al respeto a los derechos humanos.
El
dicho de las y los guatemaltecos desplazados de manera forzada es que
personal del INM y de instancias de seguridad federal y estatal
intentaron persuadir a la comunidad de subir a los autobuses; sin
embargo, cuando la gente se resistió, personal gubernamental utilizó la
fuerza contra algunos de ellos.
Debido
a que varias personas huyeron hacia su país, las autoridades comenzaron
a detener a las niñas y los niños, obligando con esto a los papás a
abordar los autobuses, lo cual constituye un trato cruel e inhumano.
Es
sumamente grave que en estos hechos no se preservara la unidad
familiar, pues entre quienes no pudieron desalojar se encuentran menores
de edad cuyos padres y madres fueron trasladadas a la Estación
Migratoria.
Por
otra parte, cabe señalar que el gobierno federal actuó en contra de su
propio dicho, pues días antes había comenzado un proceso de
regularización temporal para la mayoría de los hombres de la comunidad
desplazada, con el fin de que tuvieran permiso para trabajar en el país.
El
día 4 de enero, organizaciones de derechos humanos se habían reunido
con autoridades de la Secretaría de Gobernación, el INM, la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Procuraduría General de la
República (PGR), quienes ofrecieron sin condicionamientos seguir
proporcionando apoyo humanitario. Asimismo, es de notar el uso faccioso
del sistema penal para criminalizar a los defensores de derechos
humanos. El mismo día del desalojo, dos representantes de la comunidad
de desplazados que se trasladaban con Fray Tomás González, colaborador
del CDHU, fueron detenidos por la Policía Federal y trasladados a las
instalaciones locales de la PGR, donde se les hizo saber que estaban
detenidos por ser acusados del delito de tráfico de personas y que Fray
Tomás también estaba acusado. Esta denuncia penal tiene el número
AP/OGCAPZNO/XIV/042012. Cabe señalar que, según testimonio de uno de los
detenidos y después liberados, la persona que les tomó su declaración
les hizo muchas preguntas acerca de la identidad y la labor de Fray
Tomás.
Ante estos hechos, las organizaciones firmantes:
-
Deploramos el desalojo forzado en contra de la comunidad Nueva
Esperanza y lamentamos el uso de la fuerza como estrategia de contención
de las víctimas más vulnerables
-
Exigimos detener el proceso de deportación, por medio del cual el que
el gobierno mexicano está poniendo en riesgo la integridad de las y los
desplazados, quienes no gozan de plenas garantías de seguridad para
reingresar a su país
-Condenamos
cualquier acto de criminalización contra Fray Tomás González y las y
los colaboradores del CDHU. En este sentido, exigimos que el Estado
mexicano les garantice en todo momento su derecho a la integridad y a la
seguridad personal
Atentamente,
Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro
Prodh)Equipo Indignación Yucatán RRed Nacional de Organismos Civiles de
Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y TodosCentro de Derechos
Humanos Usumacinta, A.C.
Movimiento Migrante Mesoamericano
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