Editorial publicado el 18 de enero de 2012 en el diario El Comercio de Ecuador
La Esteliana/lastenia.accioninformativa@yahoo.es
Español
Reporteros sin Fronteras
Associación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
Editorial publicado el 18 de enero de 2012 en el diario El Comercio de Ecuador
Benoît Hervieu
Despacho Américas / Americas desk
Reporters sans frontières
47 rue Vivienne 75002 Paris - France
+33 1 44 83 84 68 / ameriques@rsf.org
twitter : RSF_Americas
skype : rsf_americas
Español
Reporteros sin Fronteras
Associación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
Editorial publicado el 18 de enero de 2012 en el diario El Comercio de Ecuador
OEA
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
no es un juguete político
¿El
sistema interamericano de derechos humanos sobrevivirá el 25 de enero de 2012?
Es la cuestión que se planteará, entre otras cosas, ese día en la reunión de embajadores
del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Lejos de
ser un ajuste administrativo, la reforma del funcionamiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobaría la deplorable ofensiva
política de algunos Estados contra una de sus instancias, gran soporte de la
defensa de las libertades públicas en el continente: la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
"Es
claro que necesitamos un nuevo sistema interamericano. La OEA ha sido
históricamente capturada por los intereses norteamericanos […] Sus sesgos y
atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable”, declaró hace
poco el presidente ecuatoriano Rafael Correa, promotor de la reforma.
¿Realmente? ¿Desde cuándo? La fórmula subraya, en todo caso, la dimensión
política de la elección que habrá que hacer. La reforma, elaborada por un Grupo
de Trabajo creado el 29 de junio 2011 por la misma OEA a petición de los
Estados concernidos, se basa en tres propuestas que parecen inofensivas. Pero
se trata sólo de una apariencia:
1- Se
incorporaría todos los informes de las relatorías en un capítulo único del
informe anual de la CIDH. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
es actualmente la única que elabora su propio informe, examinando con precisión
y en más de 300 páginas la situación de cada país.
2- Se
asignarían recursos “adecuados, suficientes y balanceados” a cada relatoría,
grupo de trabajo y unidad de la CIDH. La Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión también es la única que no recibe financiamiento
directo de la CIDH ni de los fondos generales de la OEA, pues
una de sus atribuciones es recaudar
sus propios recursos, que hoy en día son superiores a los de otras relatorías.
3-
Se
establecería un Código de Conducta que regule la gestión de las
relatorías para
asegurar la coordinación con los Estados miembros. Esto podría
restringir la posibilidad de que la relatoría emita comunicados sobre
ciertos temas de actualidad.
Visibilidad.
Financiamiento. Independencia. Pilares vitales para una institución, pilares
que esta reforma intenta echar por tierra, uno tras otro. Pretender que tales
recomendaciones sólo responden a la necesidad de racionalizar el funcionamiento
de la CIDH no resiste el análisis.
Respecto
a la primera propuesta, se sobreentendería que el detallado documento anual de
la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión sería en el “mejor” de los casos inútil, y en el peor, inadecuado.
¿Un informe anual nutrido y argumentado, valdrá menos que un resumen lapidario
del estado de la libertad de informar a escala continental, que no tendría en
cuenta las importantes variaciones que existen entre un país y otro? ¿Valdría
menos que un resumen perdido en una síntesis general negociada entre siete
relatorías con diferentes atribuciones? El método no favorece una información
completa y transparente que la opinión pública considere deseable.
La
incongruencia de esta primera propuesta difícilmente enmascara la perversión de
la segunda. Recabando sus propias subvenciones, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión puede
financiar, entre otros, su informe anual. ¿El informe representa un problema?
¡Suprimamos el financiamiento! Los Estados pagarán en la medida de sus
recursos y, una parte, que se considere “adecuada”, se destinará a la molesta Relatoría
Especial, que será demasiado pobre para emprender misiones en los lugares de
los hechos o convocar audiencia en las cuales se encuentran funcionarios
estatales con ciudadanos y ONG. ¿Eso es lo que se pretende?
Sí,
si creemos en la tercera propuesta, en la que el “Código de Conducta” – cuando un
reglamento de la CIDH ya se aplica– resurge como mampara de una censura real.
Una relatoría, incluso empobrecida, aún puede difundir comunicados o hacer
recomendaciones a los Estados miembros en caso de violaciones manifiestas de
las libertades fundamentales. Aunque debilitada, todavía alza la voz.
¡Callémosla! Si estas tres propuestas o una de ellas (sobre todo de las dos
últimas) son adoptadas el 25 de enero de 2012, la relatoría más joven de la OEA
será la primera en morir. Sacrificada, al cabo de quince años, a los caprichos
de gobiernos incapaces de distinguir la crítica del complot, una postura
ideológica de una regla de derecho. Porque de eso se trata.
La
neutralización,
sin decirlo, del informe de la Relatoría Especial, no es
producto del azar, ni de tiempo ni de lugar. La iniciativa proviene de
un
gobierno ulcerado porque la unanimidad se pronunció contra él, más allá
de su
territorio, cuando ha respondido de la peor manera a los ataques –en
ocasiones
injustos y extremos– de la “gran” prensa de su país. Multa exorbitante
contra
un diario y penas de prisión efectiva contra sus representantes, son
tanto un
aliciente a la autocensura, como un revés a la jurisprudencia
interamericana.
La Relatoría Especial sólo ha actuado para garantizar este derecho en
el
continente, pugnando por la despenalización de los delitos de prensa en
Ecuador, y en otros países. Asimismo, desempeñaba su papel recordando a
un
poder ejecutivo que reivindicaba su “derecho al honor”, argumentando el
delito de “injurias calumniosas”, que tal derecho también concierne a
tantos periodistas,
ciudadanos y representantes de ONG, con frecuencia considerados
enemigos e
injuriados en mensajes oficiales en cadena. En Ecuador, y en otros
países.
No
era necesario que la polarización que se vive en varios países de la región
llegara hasta las instancias interamericanas. Peor aún, las propuestas
ecuatorianas permitirían ocultar los balances de otros países, donde
profesionales de la información, periodistas de medios comunitarios, defensores
de los derechos humanos o simples usuarios de Internet pagan su valor con su
vida. Como México, devastado en cinco años de ofensiva federal contra el
narcotráfico; como Honduras, minado por la violencia generada tras el golpe de
Estado de junio de 2009. A falta de la Relatoría Especial, ¿quién se preocupará
en nombre de la OEA por la protección de estas víctimas?
La
soberanía nacional convertida en dogma se adapta mal a una vigilancia ciudadana
que ya no conoce fronteras y reclama interlocutores internacionales. La Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la OEA tiene más que nunca razón de ser. Conservando su
capacidad actual, los Estados miembros probarán que no temen una ciudadanía
universal y adulta.
Olivier
Basille, Director General de Reporteros sin Fronteras
Maria
Pía Matta, Presidenta de AMARC-Internacional
Benoît
Hervieu, Despacho Américas de Reporteros sin Fronteras
Despacho Américas / Americas desk
Reporters sans frontières
47 rue Vivienne 75002 Paris - France
+33 1 44 83 84 68 / ameriques@rsf.org
twitter : RSF_Americas
skype : rsf_americas
Comentarios
Publicar un comentario
Tus comentarios me ayudan a crecer y ser mejor