Fundalex hace un llamado al gobierno de Ecuador en defensa de la libertad de expresión
La Esteliana/lastenia.accioninformativa@yahoo.es
La Fundación para la Libertad de Expresión (FUNDALEX) saluda al Gobierno de Ecuador y respalda su voluntad de llevar a cabo un proceso de reforma al sistema de justicia penal que permita eliminar de su ordenamiento jurídico el delito de desacato, y nos permitimos instar respetuosamente a las autoridades ecuatorianas a que desplieguen sus esfuerzos con la mayor celeridad a fin de que este loable objetivo se consiga lo antes posible, para beneficio de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, y para el desarrollo y consolidación de la comunicación democrática y democratizadora en la Región.
Por otra parte nos permitimos expresar nuestra profunda preocupación por la sentencia recientemente dictada en contra del periodista Emilio Palacios y los directivos del Diario EL UNIVERSO; pues aunque al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideramos que el derecho a la honra y el buen nombre de las personas deben ser respetados en el quehacer periodístico, también consideramos que cualquier infracción a este límite legal debe ser juzgado cumpliendo y respetando estrictamente el debido proceso, evitando a toda costa que el poder de una de las partes incida o condicione la decisión del juez, estableciendo responsabilidades sólo sobre el autor de la infracción y no sobre los directivos del periódico, y sobre todo, cuidando que las sanciones aplicadas sean racionales y proporcionales, de modo que no generen un efecto silenciatorio para los ciudadanos y para la prensa independiente.
El pasado 21 de marzo los abogados del Presidente Correa presentaron una demanda contra el periódico El Universo, tres miembros de su junta directiva y el periodista Emilio Palacio por la publicación el 6 de febrero de 2011 de una columna titulada "No a las Mentiras" en la que se cuestionaba las presuntas decisiones tomadas desde el gobierno durante los hechos del 30 de septiembre de 2010.
Consideramos inaceptable y absolutamente contraproducente la exagerada sanción impuesta a estas personas y al medio de comunicación, consistente en cuarenta millones de dólares y tres años de cárcel, ya que causa un grave y desproporcionado perjuicio en contra de los dueños, editores y periodistas condenados y adicionalmente tiene el efecto de reducir los espacios de deliberación democrática y de vigilancia de la prensa sobre los actos de los poderes públicos.
En apego irrestricto a la autodeterminación de su sistema democrático, la Fundación para la Libertad de Expresión ve con suma preocupación dicho precedente judicial porque en Ecuador se pone en riesgo el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a informarse.
La Fundación para la Libertad de Expresión considera que las expresiones críticas contra los funcionarios públicos, quienes voluntariamente se exponen al escrutinio de los medios, deben quedar por tanto dentro de la esfera del interés público; ubicarlas dentro de la esfera de lo privado generaría un efecto inhibitorio para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la población a estar informada sobre los actos de las autoridades.
México, D. F., a 19 de agosto de 2011
La Fundación para la Libertad de Expresión (FUNDALEX) saluda al Gobierno de Ecuador y respalda su voluntad de llevar a cabo un proceso de reforma al sistema de justicia penal que permita eliminar de su ordenamiento jurídico el delito de desacato, y nos permitimos instar respetuosamente a las autoridades ecuatorianas a que desplieguen sus esfuerzos con la mayor celeridad a fin de que este loable objetivo se consiga lo antes posible, para beneficio de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, y para el desarrollo y consolidación de la comunicación democrática y democratizadora en la Región.
Por otra parte nos permitimos expresar nuestra profunda preocupación por la sentencia recientemente dictada en contra del periodista Emilio Palacios y los directivos del Diario EL UNIVERSO; pues aunque al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideramos que el derecho a la honra y el buen nombre de las personas deben ser respetados en el quehacer periodístico, también consideramos que cualquier infracción a este límite legal debe ser juzgado cumpliendo y respetando estrictamente el debido proceso, evitando a toda costa que el poder de una de las partes incida o condicione la decisión del juez, estableciendo responsabilidades sólo sobre el autor de la infracción y no sobre los directivos del periódico, y sobre todo, cuidando que las sanciones aplicadas sean racionales y proporcionales, de modo que no generen un efecto silenciatorio para los ciudadanos y para la prensa independiente.
El pasado 21 de marzo los abogados del Presidente Correa presentaron una demanda contra el periódico El Universo, tres miembros de su junta directiva y el periodista Emilio Palacio por la publicación el 6 de febrero de 2011 de una columna titulada "No a las Mentiras" en la que se cuestionaba las presuntas decisiones tomadas desde el gobierno durante los hechos del 30 de septiembre de 2010.
Consideramos inaceptable y absolutamente contraproducente la exagerada sanción impuesta a estas personas y al medio de comunicación, consistente en cuarenta millones de dólares y tres años de cárcel, ya que causa un grave y desproporcionado perjuicio en contra de los dueños, editores y periodistas condenados y adicionalmente tiene el efecto de reducir los espacios de deliberación democrática y de vigilancia de la prensa sobre los actos de los poderes públicos.
En apego irrestricto a la autodeterminación de su sistema democrático, la Fundación para la Libertad de Expresión ve con suma preocupación dicho precedente judicial porque en Ecuador se pone en riesgo el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a informarse.
La Fundación para la Libertad de Expresión considera que las expresiones críticas contra los funcionarios públicos, quienes voluntariamente se exponen al escrutinio de los medios, deben quedar por tanto dentro de la esfera del interés público; ubicarlas dentro de la esfera de lo privado generaría un efecto inhibitorio para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la población a estar informada sobre los actos de las autoridades.
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