Alta Comisionada de la ONU, Navy Pillay, se reúne con OSC de mujeres
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CIMAC. México DF, a 7 de julio de 2011 Interlocución, efectividad de su mandato, pronunciamientos y prioridad de los Derechos Humanos de las mujeres, pidieron OSC a la representante de Naciones Unidas
En el país, 98.5 por
ciento de los delitos quedan impunes, situación que permite la
perpetuación de la violencia, tal es el caso del feminicidio, que si
bien comenzó a documentarse a partir de la denuncia de los asesinatos de
mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, hoy se extiende en todo el país.
En Jalisco –por ejemplo– en 2010 fueron asesinadas 81 mujeres y en lo
que va de este año han sido asesinadas más de 50. En Nuevo León de 2000 a
2008 había un promedio de 23 mujeres asesinadas al año; en el 2009 esta
cifra aumentó a 40, en el 2010 a 74, y en lo que va de 2011 ya suman 73
mujeres asesinadas en el estado.
CIMAC. México DF, a 7 de julio de 2011 Interlocución, efectividad de su mandato, pronunciamientos y prioridad de los Derechos Humanos de las mujeres, pidieron OSC a la representante de Naciones Unidas
La
creación de un mecanismo de interlocución permanente con la sociedad
civil, la efectividad y prioridad de los Derechos Humanos (DH) de las
mujeres en su mandato, y la existencia de pronunciamientos sobre los
retrocesos en los temas de DH de la población femenina, fueron las
peticiones que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) hicieron a la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en su visita a México.
“En
México las voces de las mujeres han sido acalladas por la violencia
estructural y la guerra sin razón y estéril que vivimos, y por eso
pedimos un minuto de silencio para recordarlas y para desde el silencio
escucharlas…”, denunciaron las defensoras al abordar el clima de
impunidad que se vive en México y la tolerancia del Estado mexicano a la
violencia contra las mujeres.
Los temas tratados fueron:
acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia
(feminicidio, violencia sexual, desapariciones y trata de mujeres y
niñas); militarización y DH de las mujeres; violencia contra las
defensoras de DH y periodistas; casos emblemáticos en Chihuahua y Ciudad
Juárez; derechos sexuales, reproductivos y VIH; derechos económicos de
las mujeres (laborales, propiedad, pobreza y agua); discriminación y los
estereotipos en el ámbito cultural; derechos políticos de las mujeres, y
mujeres con discapacidad.
En
cuanto a la violencia sexual, según datos de la Secretaría de Salud,
ocurren alrededor de 120 mil violaciones al año, es decir una cada
cuatro minutos. Las desapariciones de mujeres y niñas es un tema que
preocupa igualmente a las OSC. De enero a agosto de 2010 se registraron
957 desapariciones en cuatro entidades: Jalisco, Estado de México, Nuevo
León y Chihuahua.
Las
defensoras también dieron cuenta de las seis activistas (Bety Cariño,
en Oaxaca; Josefina Reyes, Marisela Escobedo y Susana Chávez, en
Chihuahua; e Isabel y Reyna Ayala Nava, en Guerrero), y tres periodistas
(Selene Hernández, en el Estado de México; María Isabel Cordero
Martínez, en Chihuahua, y María Elvira Hernández Galeana, en Guerrero)
asesinadas entre 2010 y 2011.
A
estos casos de violación a la libertad de expresión se suman 50 mujeres
periodistas y medios de comunicación (entre los que se encuentran
radios comunitarias) víctimas de la violencia en el ejercicio de su
labor, quienes han recibido hostigamientos, amenazas, intimidaciones,
violencia física y verbal; y 30 casos registrados de defensores y
defensoras que tuvieron que cambiar de residencia, de los cuales 11 son
mujeres.
Se
recordó a Pillay los casos de la defensora indígena Obtilia Eugenio y
las sobrevivientes de violencia sexual Valentina Rosendo e Inés
Fernández, quienes han sido amenazadas por exigir el cumplimiento de las
sentencias de la Corte Interamericana en los casos de violación por
parte del Ejército; asimismo, el de la defensora Margarita Martínez,
secuestrada el día que se reunió con un comisionado de la OACNUDH, y de
la activista y periodista Lydia Cacho, amenazada de muerte el pasado 14
de julio.
En
torno a los derechos sexuales y reproductivos, las OSC recomendaron a
la Alta Comisionada instar al Estado Mexicano a que garantice la
maternidad libre y voluntaria, y el acceso a la interrupción legal del
embarazo. También que se elimine la criminalización de las mujeres por
este proceso.
Las
defensoras expresaron su preocupación por las condiciones en que viven
las mujeres con discapacidad: con programas educativos poco útiles para
la vida cotidiana, con servicios de salud no adecuados al tipo de
discapacidad y que no garantiza su derecho a la salud física, sexual y
psicológica, la falta de respeto y de inclusión en el ámbito social que
las imposibilita para establecer una relación sentimental, por lo que se
hizo un llamado al reconocimiento pleno de sus derechos y a su
integración social como ciudadanas.
También
se abordaron los casos de Evitelia Pacheco Ramírez (atacada por
encabezar, junto con otras dos mujeres, el gobierno en la agencia
municipal de Emiliano Zapata, Oaxaca), y Evic Julián Estrada (a quien no
se le permitió ejercer su cargo cuando ganó las elecciones en San Juan
Lalana, Oaxaca, en diciembre de 2010), como muestra de las
complicaciones que enfrentan las mujeres para participar en los espacios políticos en México.
A
su vez se denunció la poca participación femenina en el Poder
Legislativo, donde las mujeres representan 26.7 por ciento de los 628
congresistas federales: 27.6 de 128 en el Senado, y 23.4 de 500 en la
Cámara de Diputados.
Las
defensoras solicitaron a la Alta Comisionada de DH de la ONU, Navi
Pillay, que exhorte al Estado Mexicano a vigilar el cumplimiento de la
legislación en materia de participación política de las mujeres, a
adecuar las leyes para evitar que las representantes populares electas
cedan su sitio a sus suplentes varones, y a condenar los actos de
violencia cometidos contra las mujeres indígenas que participan en la
vida política de sus comunidades.
Sobre
los derechos económicos, se hizo un llamado a atender a las comunidades
indígenas y campesinas, donde ocho de cada 10 mujeres es pobre y 18.2
por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza
alimentaria.
Respecto
a las violaciones al derecho al agua, al saneamiento y a la propiedad
de la tierra se denunció que más de 11 millones de personas no acceden
al agua de la red pública, y 35 millones no la reciben dentro de su
vivienda (Censo 2010).
Ni
siquiera la tercera parte del total de los ejidatarios corresponde a
mujeres y de éstas, 66 por ciento rebasan los 50 años de edad, es decir,
son depositarias de las tierras por herencia al enviudar. En este
sentido se instó a la Alta Comisionada a incluir a las mujeres en la
elaboración de políticas agrarias y en los créditos para la producción.
La
denuncia se extendió a los contenidos de los medios de comunicación,
donde las mujeres ocupan sólo 16 por ciento de los espacios (CIMAC,
2006), y donde se siguen reproduciendo estereotipos que favorecen su
discriminación, contrario a los acuerdos y
tratados internacionales que México ha ratificado, como el apartado “J”
de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, de Beijing en 1995, por lo
que se hizo un llamado a vigilar su aplicación.
El
Estado mexicano ha recibido un total de mil 12 recomendaciones de
mecanismos internacionales y regionales entre 2000 y 2010, de las cuales
279 se refieren a asuntos urgentes de atender para garantizar los
derechos de las mujeres.
Tales
recomendaciones emanan de 27 informes, 141 competen a la problemática
de Ciudad Juárez. El Estado mexicano a nivel federal y estatal no ha
cumplido de manera integral las recomendaciones, mientras que las
violaciones a los DH en estos últimos cinco años se han agravado. El próximo 7 de octubre, a través del representante de Pillay en México, se revisará el cumplimiento de las solicitudes de esta reunión.
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Organizaciones presentes:
Alternativas
Pacíficas A.C, Arthemisas por la Equidad, A. C, Asociación Mundial de
Radios Comunitarias, Asociación Queretana de Educación Para las
Sexualidades Humanas A.C., Asociación Regional Liberación en pro de los
Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos A.C, Asistencia Legal
por los Derechos Humanos A.C, Balance, Coalición contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe CATLAW, Católicas
por el Derecho a Decidir, CIM Nuevo León, Colectivo Plural, Comisión
Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Morelos, Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres Chihuahua; Centro de Estudios, Difusión e
Investigación sobre Sexualidad Humana A.C; Comunicación e Información
de la Mujer A.C, Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en
América Latina; Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de
los Derechos de la Mujer, Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en
los Medios de Comunicación, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y
Equidad, Género, Ética y Salud Sexual, A. C, Grupo de Información en
Reproducción Elegida, JASS Asociadas por lo
Justo, Justicia para Nuestras Hijas, Las Libres, Milenio Feminista,
Mujeres por el Dialogo, Mujeres en Frecuencia A.C, Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio, Observatorio Ciudadano por la
Equidad de Género en los Medios de Comunicación, Poder Ciudadano
Independiente, ProSalud Sexual y Reproductiva, A. C, RDfine Instituto
Simone de Beauvoir, Red Mesa de Mujeres de Juárez, Red Género y Medio
Ambiente, Red Iberoamericana pro Derechos Humanos, Red Nacional Género y
Economía, Semillas, Salud Integral para la Mujer A. C SIPAM,
Tlachinollan Centro de derechos Humanos de la Montaña, Unión Nacional de
Trabajadoras.
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