Exigen se libere a 25 mujeres presas por abortar
La Esteliana/lastenia.accioninformativa@yahoo.es
Por Gladis Torres Ruiz
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 15 mar 11 (CIMAC).- El Pacto Nacional por la Vida, la
Libertad y los Derechos de las Mujeres exigió que las 25 mujeres que se
encuentran presas por abortar en Baja California sean liberadas de
manera inmediata, así como todas aquellas que están encarceladas en la
República Mexicana por la misma causa.
En conferencia de prensa, realizada en el Museo de la Mujer de la
Ciudad de México, integrantes del Pacto exigieron a la Cámara de
Diputados crear una comisión especial para elaborar un diagnóstico de
las mujeres presas por interrumpir su embarazo en las entidades
federativas.
Psyche Calderón Vargas, de la Red Iberoamericana Pro Derechos
Humanos, señaló que en las próximas semanas se resolverá el caso de una
joven de 21 años originaria de Mexicali, sentenciada a 23 años de
prisión por aborto espontáneo, toda vez que la sentencia se encuentra en
apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja
California, por lo que convocó a los magistrados a que dicten una
sentencia absolutoria.
En este caso, la mujer -presa desde 2008- fue procesada por el
delito de homicidio agravado por parentesco. Su caso se suma a otros en
la entidad en los que se han transgredido las libertades y los derechos
fundamentales de las mujeres al ser encarceladas injustamente.
“La joven sentenciada injustamente no es la primera mujer
penalizada por sufrir un accidente; 14 más fueron sentenciadas por el
mismo delito en el estado y no sabemos si alguna de ellas ésta en la
misma situación que la joven de 21 años”, explicó Psyche Calderón.
Marixtel Calderón Vargas, también integrante de la Red
Iberoamericana Pro Derechos Humanos, precisó que según datos recabados a
través de una solicitud de acceso a la información, en Baja California
14 mujeres fueron sentenciadas por el delito de homicidio agravado por
parentesco y 10 más se encuentran en espera de su sentencia bajo el
mismo cargo.
Exigió al gobernador de BC, José Guadalupe Osuna Millán, la
liberación inmediata de la joven de 21 años; al Tribunal Superior de
Justicia del estado de Baja California, que su sentencia sea
absolutoria; y al sistema de salud estatal, que no se vuelva a repetir
ninguna violación a los derechos de las mujeres.
Agregó que esta semana se reunirán con Alan García, de la Oficina
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
México, para entregarle el expediente de la joven que está a dos meses
de cumplir tres años en prisión y notificarle que existen otros 24 casos
que podrían ser similares.
Verónica Cruz Sánchez, directora y fundadora de la organización Las
Libres de Guanajuato, afirmó que en la República Mexicana existen
mujeres detenidas en las mismas condiciones que en BC, encarceladas y
sentenciadas por el delito de homicidio agravado por parentesco cuando
sufrieron un aborto espontáneo.
Informó que debido al trabajo realizado por las organizaciones de
la sociedad civil en Guanajuato, hasta el momento no existe ninguna
mujer encarcelada por estos motivos y no hay ningún proceso penal al
respecto.
Sin embargo, apuntó, el problema no ésta resuelto de fondo ya que
en cualquier momento cualquier mujer es tratada como criminal, y lo más
grave es que sea por las instancias de salud que olvidan su obligación
de salvaguardar la vida de las mujeres y, por el contrario, las
denuncian.
A su vez, denunció, las instancias de procuración de justicia las tratan como si fueran las peores criminales.
Cruz Sánchez llamó a la Cámara de Diputados a que haga un
diagnóstico nacional de todas las mujeres que están en estas condiciones
en todo el país, ya que es muy difícil ubicar caso por caso.
Destacó que de septiembre del 2010 hasta la fecha han recibido
solicitudes de apoyo a mujeres en casos similares en Guerrero,
Querétaro, Aguascalientes, Campeche y Veracruz.
El Código Penal de Baja California estipula que a la mujer que se
practique un aborto o consienta que otra persona la haga abortar, se le
impondrá de uno a cinco años de prisión, e igual pena se aplicará al que
haga abortar a la mujer con el consentimiento de ella.
El código considera como excepciones para castigar la interrupción
del embarazo los casos de violación, o cuando estén en peligro la vida
de la madre o el producto.
Mientras que por el delito de homicidio agravado por parentesco se
establece una sanción de 20 a 50 años de prisión, sin derecho a fianza.
Comentarios
Publicar un comentario
Tus comentarios me ayudan a crecer y ser mejor