Violencia de las masas en Nicaragua debilita la democracia del país

La Esteliana
Por Stephen Kaufman
Redactor

Washington - La administración Obama urgió al gobierno de Nicaragua a que termine con la violencia que ha venido amenazando a los legisladores de la oposición, e indicó que la situación perjudica los procesos democráticos en el país, socava los derechos humanos y erosiona el imperio de la ley, según dijo el portavoz del Departamento de Estado P.J. Crowley.

Crowley dijo en Washington el 23 de abril que la violencia está erosionando "las instituciones del gobierno y el control y equilibrio de poderes que se necesitan en un sistema democrático".

Según los informes noticiosos, las masas que apoyan al gobierno tratan de impedir que los legisladores revoquen un decreto del presidente Daniel Ortega que extiende los períodos en el cargo de ciertos puestos del gobierno lo que la oposición considera facilitaría el planeado intento de Ortega a postularse para la reelección en 2011.

Según informes de los medios de información, los manifestantes han lanzado morteros al edificio del parlamento y han bloqueado los accesos al mismo. El 22 de abril, las protestas causaron lesiones a tres legisladores de la oposición y los parlamentarios han dicho que se les ha impedido salir de edificios y además dos de sus vehículos particulares han sido incendiados.

"Urgimos al gobierno de Nicaragua a que tome medidas para terminar la violencia de masas, y urgimos a la policía a que asegure la salvedad y seguridad de todos los nicaragüenses", dijo Crowley. "El acoso y la perturbación a la Asamblea Nacional y sus miembros sólo sirven para debilitar el funcionamiento de instituciones que son vitales para la democracia nicaragüense".

Crowley dijo que Estados Unidos apoyaría la participación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Nicaragua "hasta el punto de que facilite una resolución pacífica a la crisis actual, en el contexto de los principios democráticos de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana".

El secretario general de la OEA José Miguel Insulza expresó "profunda preocupación" respecto la situación en una declaración del 21 de abril.

Insulza "destacó la necesidad de preservar las instituciones, respetar las autoridades constituidas y resolver diferencias políticas, particularmente entre los poderes del estado, por medio del diálogo y según los procedimientos establecidos en la legislación nacional".

Los "derechos y libertades" de los ciudadanos nicaragüenses también tienen que ser garantizados, dijo, "incluyendo la integridad física de todas las personas".