ATAQUES FISICOS CONTRA PERIODISTAS SE SUMAN A OTRAS RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESION EN VENEZUELA
La Esteliana 24 de agosto 2009
Luis Manuel Botello/Centro Internacional para el Periodismo ICFJ Washington
Continua preocupación por el progresivo deterioro de la libertad de expresión en Venezuela.
Doce periodistas, que el pasado jueves se encontraban protestando pacíficamente en calles de Caracas fueron víctimas de violentos ataques por parte de simpatizantes del gobierno, causándoles heridas de diversa gravedad.
Estas agresiones forman parte de una serie de eventos que han desatado preocupación nacional e internacional, que incluyen un recrudecimiento del discurso incendiario en contra de la prensa por parte de funcionarios gubernamentales, medidas administrativas e iniciativas legales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en varias oportunidades su preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela. En su última comunicación oficial al gobierno, el Comisionado para Venezuela Paulo Sergio Pinheiro y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, recordaron al gobierno su "obligación de establecer un marco regulatorio que promueva una discusión libre, abierta, plural y desinhibida, lo cual implica el diseño de instituciones que permitan, y no que dificulten, la deliberación sobre todos los asuntos y fenómenos de relevancia pública". Al mismo tiempo, enfatizaron que ha recrudecido el "uso de un lenguaje bélico, de amenazas y de odio" por parte de altos funcionarios gubernamentales en contra de la prensa, lo que ha causado un incremento en los ataques a medios.
Las agresiones contra reporteros de la semana pasada recibieron fuerte condena en Venezuela. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Circulo de Reporteros Gráficos expresaron "mas profunda indignación" por las agresiones, las que caracterizaron de tener un "tinte fascista". Periodistas de diversos medios se han organizado y convocado a protestas y han hecho llamados a terminar los ataques.
Además de las agresiones, diversas medidas administrativas amenazan con limitar el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. A los cinco procesos administrativos abiertos en contra de la televisora Globo visión se suma el cierre de 34 estaciones de radios privadas a finales de Julio. Autoridades gubernamentales del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) explicaron que las emisoras fueron cerradas por haber expirado sus permisos o porque las radios no han actualizado los nombres de los titulares de las concesiones. A pesar del intento de estos medios de poner al día sus papeles, ?estos no fueron aceptados. Un total de 240 radios corren el riesgo de ser sacadas del aire definitivamente.
En el plano legal, una ley de "delitos mediáticos" fue introducida en el Congreso hace quince días. Si bien el proyecto se encuentra por el momento paralizado en el legislativo, su lenguaje pone en serio riesgo el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. La ley penaliza hasta con 4 años de cárcel a reporteros, editores, dueños de medios o cualquier persona que difunda información que afecte la paz social, la independencia del Estado o el orden público, o a quienes divulguen noticias falsas, o manipulen información. En otras palabras, de ser aprobada, la ley penalizaría la distribución de información que el gobierno juzgue incorrecta o tendenciosa; o información que genera "una falsa percepción de los hechos". El proyecto de ley genero? inmediato rechazo en Venezuela y el exterior.
Venezuela ha sido clasificado como país "No Libre" en la edición 2009 del informe anual Libertad de Prensa de Freedom House y como "Parcialmente Libre" en el estudio sobre derechos políticos y libertades civiles, Libertad en el Mundo, del mismo año.
Luis Manuel Botello/Centro Internacional para el Periodismo ICFJ Washington
Continua preocupación por el progresivo deterioro de la libertad de expresión en Venezuela.
Doce periodistas, que el pasado jueves se encontraban protestando pacíficamente en calles de Caracas fueron víctimas de violentos ataques por parte de simpatizantes del gobierno, causándoles heridas de diversa gravedad.
Estas agresiones forman parte de una serie de eventos que han desatado preocupación nacional e internacional, que incluyen un recrudecimiento del discurso incendiario en contra de la prensa por parte de funcionarios gubernamentales, medidas administrativas e iniciativas legales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en varias oportunidades su preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela. En su última comunicación oficial al gobierno, el Comisionado para Venezuela Paulo Sergio Pinheiro y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, recordaron al gobierno su "obligación de establecer un marco regulatorio que promueva una discusión libre, abierta, plural y desinhibida, lo cual implica el diseño de instituciones que permitan, y no que dificulten, la deliberación sobre todos los asuntos y fenómenos de relevancia pública". Al mismo tiempo, enfatizaron que ha recrudecido el "uso de un lenguaje bélico, de amenazas y de odio" por parte de altos funcionarios gubernamentales en contra de la prensa, lo que ha causado un incremento en los ataques a medios.
Las agresiones contra reporteros de la semana pasada recibieron fuerte condena en Venezuela. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Circulo de Reporteros Gráficos expresaron "mas profunda indignación" por las agresiones, las que caracterizaron de tener un "tinte fascista". Periodistas de diversos medios se han organizado y convocado a protestas y han hecho llamados a terminar los ataques.
Además de las agresiones, diversas medidas administrativas amenazan con limitar el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. A los cinco procesos administrativos abiertos en contra de la televisora Globo visión se suma el cierre de 34 estaciones de radios privadas a finales de Julio. Autoridades gubernamentales del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) explicaron que las emisoras fueron cerradas por haber expirado sus permisos o porque las radios no han actualizado los nombres de los titulares de las concesiones. A pesar del intento de estos medios de poner al día sus papeles, ?estos no fueron aceptados. Un total de 240 radios corren el riesgo de ser sacadas del aire definitivamente.
En el plano legal, una ley de "delitos mediáticos" fue introducida en el Congreso hace quince días. Si bien el proyecto se encuentra por el momento paralizado en el legislativo, su lenguaje pone en serio riesgo el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. La ley penaliza hasta con 4 años de cárcel a reporteros, editores, dueños de medios o cualquier persona que difunda información que afecte la paz social, la independencia del Estado o el orden público, o a quienes divulguen noticias falsas, o manipulen información. En otras palabras, de ser aprobada, la ley penalizaría la distribución de información que el gobierno juzgue incorrecta o tendenciosa; o información que genera "una falsa percepción de los hechos". El proyecto de ley genero? inmediato rechazo en Venezuela y el exterior.
Venezuela ha sido clasificado como país "No Libre" en la edición 2009 del informe anual Libertad de Prensa de Freedom House y como "Parcialmente Libre" en el estudio sobre derechos políticos y libertades civiles, Libertad en el Mundo, del mismo año.
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