Considerandos del IEEPP sobre irregularidades del ejecutivo en la aprobacion del PGR Nicaragua

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El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas,en referencia a la aprobación de la segunda reforma al Presupuesto General de la República 2011, desea manifestar las siguientes observaciones y recomendaciones:
1.      El arto. 112 de la Ley No. 744 (Ley Anual de Presupuesto General de la República 2011), establece que el Ejecutivo debe presentar a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, a más tardar el 20 de octubre, un informe conteniendo las perspectivas de la recaudación de impuestos. El gobierno obvió ese mandato de ley y además envió, con carácter de urgencia, una reforma tardía al presupuesto 2011. Esta omisión restó posibilidades a los legisladores y a los diferentes sectores del paísdeemitir recomendaciones y alcanzar consensos sobre el uso de la sobre recaudación estimada en C$ 2,976.7 millones.
2.      Demandas pendientes hechas por diversos sectores,como la pensión reducida a un número considerable de adultos mayores, la incorporación del bono salarial al presupuesto, la transferencia de recursos para capitalizar al INSS, un mayor presupuesto para infraestructura escolar y de salud no fueron tomados en cuenta por el Ejecutivo en su proyecto de Ley ni por el Legislativo en su aprobación.
3.      Preocupa la completa discrecionalidad que se le ha venido dando al destino de la sobre recaudación. Cerca de la mitad de estos recursos internos-- C$ 1,222.0millones -- se destinarán para cubrir deudas incurridas de manera no transparente por la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL). Esta deuda está relacionada con la administración “privada” de la cooperación venezolana y la ausencia de control de parte de la Asamblea Nacional desde la aprobación del acuerdo petrolero.
4.      Este mal precedente para la administración del presupuesto quebranta el principio de claridad (arto. 13 inciso i de la Ley No. 550, Ley de Administración Financiera y de Régimen Presupuestario), según el cual “El presupuesto debe de reflejar en forma clara y transparente los programas, conceptos y montos, con el objetivo de procurar su fácil comprensión para la opinión pública y para todos los administradores públicos.”
5.      El Ejecutivo debe aclarar a la ciudadanía la naturaleza de la deuda contraída por ENEL. De acuerdo con los lineamientos de endeudamiento público del 2011, contenido en el Decreto Presidencial No. 35-2010, las empresas públicas tienen un límite de endeudamiento interno de 13 millones de dólares. ¿Cómo es que se le ha permitido a la Comisión Técnica de endeudamiento público del Ministerio de Hacienda ENEL aprobar semejante deuda?
6.      Preocupa el hecho que cuantiosos recursos para atender las necesidades de reconstrucción dejadas por el invierno, estén fuera de control y sin fiscalización alguna por parte de las instancias correspondientes. Se trata de 310 millones de córdobas adicionales destinados al MTI y 7 Alcaldías que serán ejecutados bajo exclusión de procedimientos a solicitud del Ejecutivo. Al respecto es importante mencionar que Nicaragua es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, y por tanto la legislación en materia de contrataciones del sector público debería de adaptarse a esta realidad, sin dejar a un lado los mecanismos de control y fiscalización de los fondos públicos. 
7.      La reducción de hasta 912.5 millones de córdobas del Programa de Inversiones Públicas, correspondiente a préstamos y donaciones atadasa proyectos, impacta negativamente en proyectos de interés social, como la rehabilitación y equipamientos de hospitales, la construcción y reparación de viviendas, la reparación y rehabilitación de aulas escolares y equipamiento escolar, etc. Estas demandas de inversión en infraestructura social, tal y como expresa el Ejecutivo, nuevamente serán postergadas y se retomarán como proyectos de arrastre en el presupuesto de 2012.
8.      Los incrementos netos en sus presupuestos de hasta 70 millones de córdobas para el Ejército de Nicaragua, de 40 millones de córdobas a la Policía Nacional y de 74 millones de córdobas para el Consejo Supremo Electoral, no presentan una justificación convincente que explique porqué no dedicarlo aincrementar sostenidamente el presupuesto de gasto social. El presupuesto del Ministerio de Salud sufre una reducción neta de 23.51 millones, el Ministerio de la Familia, Adolescentes y Niñez una reducción neta de 128.6 millones de córdobas, y el Ministerio de Educación un aumento neto marginal de 37.7 millones de córdobas.
9.      Es necesario fortalecer el ejercicio ciudadano de fiscalización. Sin embargo, este sólo será posible en la medida que las autoridades brinden información oportuna y completa sobre el presupuesto general y sus políticas públicas. Esperamos que todos los obstáculos anteriores sean subsanados y no se repitan, sobre todo cuando la próxima legislatura contará con una amplia representación del partido de gobierno y esta deberá mostrar un alto grado de madurez parlamentaria para administrar el poder.

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